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Gobierno federal tiene en sus manos un proyecto para reestructurar la administración pública federal y desaparecer 17 organismos
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en un proyecto de reforma para desaparecer organismos desconcentrados y descentralizados y transferir sus funciones a dependencias como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Secretaría de Gobernación (Segob).
En total, y de acuerdo con el documento del anteproyecto difundido, son 17 organismos públicos federales que desaparecerían, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), entre otros.
En los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias de gobierno trabajan aproximadamente de 3,113 servidores públicos, de acuerdo con el Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022. Estos burócratas estarían a la deriva durante el proceso de liquidación de los entes públicos.
Aunque en el documento se menciona que los derechos de los trabajadores serán respetados, los artículos transitorios también indican que las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deben “prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral y enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación”.
El Inapam y el Inaes abarcan al 39% de todos los servidores públicos que podrían verse afectados por los cambios. En tanto, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con una plantilla de 362 personas; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con una de 325, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con una de 205, son áreas con una fuerza laboral que puede igualarse a la de empresas grandes o medianas, respectivamente.
De acuerdo con especialistas consultados, el escenario legal para estos funcionarios es de incertidumbre tanto en la permanencia del empleo como en sus condiciones de trabajo, esto debido a los cambios que pueden darse entre regímenes laborales tras la fusión.
Los 17 organismos contemplados en el proyecto suman un presupuesto de 2,755 millones 815,251 pesos, casi el doble de la partida asignada a toda la Secretaría de la Función Pública y cinco veces los recursos con los que contará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) este año.
Sin embargo, esta suma representa sólo 0.04% del PEF para 2022, lo que a decir del politólogo Javier Martínez en un análisis publicado en la Revista Nexos, demuestra que la reestructura administrativa planteada se vincula más con un interés de centralización organizacional que con una medida de austeridad.
La mayoría de los entes públicos que serán fusionados son organismos descentralizados y desconcentrados de las dependencias que absorberán sus recursos materiales y humanos. Por ejemplo, el Inapam o el Inaes están adscritos a la Secretaría de Bienestar, misma que se quedaría con sus funciones, un caso similar es el del Conapred con la Secretaría de Gobernación, que conservaría las tareas que tiene actualmente el consejo.
El Imjuve es uno los entes públicos que tendría un cambio drástico y dejaría de ser un organismo descentralizado de la Secretaría de Bienestar para fusionarse con la STPS. Algo similar ocurriría con la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), que ya no sería un órgano desconcentrado de la Segob y sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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