Cubanos quedarán indocumentados por requisitos para la visa en Uruguay

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Miles de cubanos que viven en Uruguay podrían quedar indocumentados. Llegaron al país hace un par de años, pese a no estar perseguidos solicitaron el refugio, luego renunciaron a esa solicitud y ahora tienen que tramitar una visa para la permanencia regular dentro de fronteras. Pero, para hacerse de esa visa, el gobierno empezó a exigirles los sellos de entrada salida de Brasil que demuestra el tránsito regular. Y ese requisito —que otrora el Estado hacía la vista gorda— los sitúa en un limbo.

“Nuestro cálculo más conservador es que entre 9.000 y 10.000 cubanos que viven en Uruguay podrían quedar e ese limbo, irregulares, por las nuevas exigencias” para acceder a la visa de ingreso al país, dice Alberto Gianotti, fundador de la Red de Apoyo al Migrante.

La sociedad civil organizada empezó a enterarse de estas “trabas burocráticas” a fines de marzo, cuando se fueron acumulando cubanos que no tenían las chances de regularizar su status. Dos meses antes, los consulados de la frontera habían recibido la instrucción de exigirles los sellos de pasaje por Brasil previo al ingreso formal a Uruguay.

¿Por qué el problema se centra en los cubanos? Uruguay les exige una visa de ingreso a los ciudadanos cubanos, y Cuba se la exige a los uruguayos. Esa “regla” de reciprocidad es el principal argumento diplomático para que la visa siga vigente. Uruguay no tiene intenciones de deportar a los indocumentados y mucho menos que se acumulen habitantes irregulares (lo que implica problemas para la formalidad del empleo, el acceso a la garantía de viviendas, limitación de los trámites frente al Estado y un largo etcétera).

Desde hace siete años, cuando se inició la ruta emigratoria de Cuba a Uruguay, los isleños encontraron una alternativa: entraban a Sudamérica por Guayana que no les exige visa, transitan por Brasil sin pasar por los controles migratorios (les pagan a redes de tráfico) y en la frontera uruguaya solicitan el refugio.

Con eso, y mientras se estudia su caso, acceden a la documentación de residencia temporal que les permite la atención sanitaria, el acceso a la educación y al empleo formal. Pero como sus casos no aplican para el estatus de refugiado —una protección reservada para cuando existe riesgo de vida o quebrantamiento de los derechos humanos—, al tiempo de permanencia deben renunciar a ese trámite y regularizar su situación.

Llegado ese momento, los cubanos acordaban una cita en los consulados uruguayos de la frontera en Brasil y concurrían para tramitar la visa de ingreso. Luego de eso entraban —como si fuera una pantomima— al país con su nueva documentación.

Pero desde este año se sumó un nuevo requisito, un criterio que en teoría estaba de base, pero no se exigía para facilitar el trámite: los sellos que demuestren que la persona viene desde Brasil y no es que llegó sin documentos. A esto se le suma que la pandemia llevó un retraso en la burocracia estatal y fueron acumulándose miles de solicitudes.

Eduardo Mata, director nacional de Migración, reconoció a El Observador “que se está trabajando sobre el tema”, pero declinó responder por qué Uruguay empezó a exigir los sellos de Brasil (un requisito que es “impracticable” y que significaría que los consulados brasileños terminen legalizando un desafío uruguayo y que les es ajeno).

Una fuente de Cancillería explicó a El Observador que “la intención del Estado es que se encuentra una solución de fondo y que la inmigración sea lo más regular posible”. El problema es que, a priori, Uruguay no está dispuesto a eliminar la visa como pretende la sociedad civil organizada.

En la Red de Apoyo al Migrante “bregamos porque se quite la visa: no solo para solucionar el problema de fondo, sino también para evitar que las personas migrantes dependan de redes de tráfico de personas y del crimen organizado para llegar hasta Uruguay”, explica Gianotti.

Su colega Rinche Roodenburg agregó que “Uruguay tiene buenas intenciones, sin importar el gobierno de turno, es respetar el derecho a migrar, pero cada tanto aparecen trabas burocráticas que terminan cercenando derechos y dejan a miles en un limbo”.