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Ambientalistas, sindicatos y otros han realizado protestas desde el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato que otorga a First Quantum el derecho de producir cobre durante 20 años, con la opción de otra extensión de 20 años.
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Cerrar la mina Donoso sin acuerdo entre Gobierno y First Quantum costaría millones de dólares
Las acciones de First Quantum Minerals Ltd. sufrieron una caída superior a 30% en la Bolsa de Toronto entre semana, luego de que una comisión interministerial recomendara el cierre ordenado de la mina Cobre Panamá, operada por su filial Minera Panamá.
Los títulos de la minera canadiense llegaron a desplomarse hasta un 36% el pasado miércoles durante la jornada, pasando de un cierre previo de 45,12 dólares canadienses a un mínimo de 28 dólares canadienses.
La caída responde al informe final presentado este miércoles al presidente José Raúl Mulino por la Comisión Interministerial integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
La comisión recomendó un “cierre ordenado” de la mina de Donoso, un proceso que podría extenderse durante décadas y que, según la propuesta, debería ser financiado por la propia operación minera, sin costo para el Estado panameño.
La recomendación contempla la posibilidad de una puesta en marcha temporal de la mina para generar los recursos necesarios que financien su propio cierre, sin posibilidad de prórroga una vez concluido el proceso.
La decisión de la comisión responde a una combinación de factores legales, económicos y ambientales.
En primer lugar, la mina permanece paralizada desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión que permitía su operación, tras una oleada de protestas sociales y ambientalistas. El fallo invalidó el contrato, pero no determinó qué debía hacerse con el sitio, dejando un vacío legal que persiste hasta hoy.
Desde entonces, el complejo minero quedó detenido pero no técnicamente cerrado. Sus instalaciones requieren mantenimiento permanente, vigilancia ambiental y manejo de relaves, lo que genera costos operativos que se han cubierto procesando el mineral que quedó almacenado. Sin embargo, ese recurso es limitado y no puede sostener indefinidamente esas tareas.
El argumento económico fue central en la recomendación. Según los cálculos presentados, cerrar la mina sin ningún acuerdo previo costaría entre US$800 y US$1,000 millones durante los primeros siete a nueve años, a lo que habría que sumar entre US$15 millones y US$20 millones mensuales en mantenimiento posterior durante al menos una década. El total acumulado oscilaría entre US$2,600 millones y US$3,400 millones a lo largo de 17 a 19 años.
“Eso no es una inversión: es un gasto. Un gasto que no generaría crecimiento, que no crearía una sola cadena económica, que no dejaría un empleo permanente ni una obra”, advirtió el ministro Chapman al presentar el informe.
La comisión también consideró el impacto social de mantener la mina paralizada. Más de 6.000 empleos directos y alrededor de 30.000 indirectos se perdieron tras el cierre de 2023, afectando a unas 144.000 personas. Además, aproximadamente 2.000 proveedores panameños (en su mayoría micro, pequeñas y medianas empresas) quedaron sin su principal fuente de ingresos.
Pese al desplome bursátil, First Quantum emitió un comunicado en el que se declaró dispuesta a entablar conversaciones con el Gobierno panameño.
“First Quantum reconoce que un nuevo acuerdo debe respetar la soberanía de Panamá, sus instituciones democráticas y un proceso liderado por el Gobierno”, señaló la empresa.
La minera afirmó que participará “de manera constructiva y de buena fe” para establecer un marco jurídico “justo, transparente, duradero y compatible con la Constitución y las leyes de Panamá”.
La compañía también manifestó que la gestión y custodia ambiental responsable de Cobre Panamá es una prioridad central, y que espera recibir orientación del Ejecutivo sobre los próximos pasos del diálogo.
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