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El pasado 24 de agosto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1771 de 2012, por medio del cual se adoptan las medidas para fortalecer el capital de los establecimientos de crédito.
La medida mantiene en 9% el nivel mínimo de solvencia e introduce una nueva medición de solvencia básica de 4,5%, que debe cumplir el Patrimonio Básico Ordinario (PBO), conformado por instrumentos con la más alta capacidad de absorción de pérdidas.
La norma prevé un plazo de transición de un año. No obstante, cada establecimiento de crédito deberá presentar con anterioridad al 31 de enero de 2013 a la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC- para su aprobación, el plan de acción que se implementará para cumplir con la nueva reglamentación. De acuerdo con los cálculos efectuados por el gremio de los banqueros, Asobancaria, los bancos deben adicionar recursos por un monto estimado de $296.695 millones, con el fin de cumplir con el nivel mínimo de solvencia.
Por otra parte, si los establecimientos de crédito desean mantener el nivel de solvencia a diciembre de 2011, deben incrementar su capital en $5,9 billones de pesos. Este es el monto total de recursos que la norma estaría retirando de la relación de solvencia de las entidades.
En términos de la relación de solvencia, los bancos pasarán aproximadamente de tener una razón de 14,2% a 12,2%. En este sentido, es posible afirmar que el sector bancario en Colombia cuenta tanto con la cantidad como con la calidad de capital necesarias para su normal funcionamiento.
Es probable que debido a esta medida, en el futuro se observe un posible cambio en la rentabilidad del negocio, que favorecería a los bancos que operan en Colombia comparados con los que lo hacen en los países desarrollados.
Mientras que en Colombia el ajuste en la calidad del capital no tendrá un efecto grande sobre su rentabilidad, en los países más avanzados, la necesidad de aumentar y mejorar la calidad del capital, eventualmente reducirá de manera apreciable su capacidad de generar ganancias.
Actualmente, estamos frente a una modificación estructural del mercado que exige, por una parte, un cambio en el comportamiento tanto de los intermediarios financieros como de los usuarios.
Y requiere, por otra parte, que la equidad regulatoria sea considerada como el pilar de estas iniciativas.
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