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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, advirtió que el retraso en la implementación no se debe a una falta de voluntad de sector
Luego que los bancos denunciaran un retraso en la implementación de la reforma de 4x1.000, la cual modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT (más de $17 millones), se conoció un auto en contra de más de 50 entidades financieras por presuntamente retrasar la implemetación de esta reforma.
El documento que comenzó a circular es un auto del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, emitido en agosto de 2025, que admitió una acción de grupo contra más de 50 entidades financieras y fintech del país por presuntas afectaciones relacionadas con la implementación de los cambios al Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF, conocidos como 4x1.000, introducidos en la Ley 2277 de 2022.
Entre las entidades que aparecen en el documento están: Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, Bbva, Itaú, Scotiabank Colpatria, Nu Colombia, Mercado Pago, RappiPay, Movii y Lulo Bank, entre otras compañías del sistema financiero y de pagos digitales.
En el documento, el despacho judicial ordenó notificar a la comunidad mediante medios masivos de comunicación y comunicar la existencia del proceso a entidades como la Superintendencia Financiera, la Dian, el Ministerio de Hacienda y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, la implementación tecnológica del sistema requerido para compartir información entre entidades financieras tuvo retrasos, lo que llevó a que muchos usuarios continuaran pagando el gravamen en cuentas adicionales pese a la modificación legal.
La semana pasada Nu hizo una denuncia de los retrasos que experimentaba el sector por no aplicar esta reforma. Su general manager en Colombia, Marcela Torres, alertó que han pasado más de 500 días sin que finalmente se aplique lo expuesto en la ley de 2022.
En un panel de conversación entre Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, y Torres, se reveló que el 4x1.000 genera costos aproximados de 800.000 por persona cada año. Santos dijo que 98% del sistema está listo para implementar la ley y reconoció que la Dian y el Ministerio de Hacienda deben dar "el banderazo inicial" para aplicarla.
"El plazo para hacerlo realidad venció hace meses y hoy la falta de implementación de esta ley se siente más como un error del sistema que como una decisión consciente de hacerla realidad", dijeron. Agregaron que este es el momento de crear un sistema financiero verdaderamente conectado que priorice a las personas por encima de los procesos.
Según la entidad, aunque la norma permite eximir este impuesto hasta por $18,3 millones mensuales, la falta de articulación entre actores como la Dian, el Ministerio de Hacienda, TransUnion y las entidades financieras ha impedido su aplicación efectiva.
Recientemente, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en una columna para el diario La República, ya había advertido sobre una narrativa que atribuye al sector financiero una supuesta falta de voluntad en la implementación del nuevo régimen de exención del 4x1.000. "Esa afirmación es engañosa: desconoce los hechos, el alcance de la ley y el trabajo técnico adelantado durante más de tres años. Hace falta una parte de la historia", aseguró.
"La dificultad actual no obedece a una decisión discrecional del sector financiero ni a una restricción autoimpuesta por las entidades. Obedece al propio diseño legal de la medida, que exige la participación del 100% de las entidades obligadas para que el sistema pueda operar", advirtió Malagón en su escrito.
Por ello, Malagón aseguró que esta no es una posición aislada del sector. "Hace unas semanas, el Consejo de Estado ratificó que la entrada en vigencia del nuevo sistema está sujeta a dos condiciones. La primera, el cumplimiento del plazo legal, surtido desde el 13 de diciembre de 2024. La segunda, la incorporación de la totalidad de los actores al sistema interoperable. En otras palabras, no basta con que la mayoría esté lista, la ley exige que estén todo", escribió.
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