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La investigación fue liderada por un equipo de destacados economistas de Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay y El Salvador y efectuó una revisión de los sistemas previsionales de estos países que implementaron reformas entre 1980 y 1990.
El documento señaló que en Colombia cerca de 70% de la economía es informal y en las zonas urbanas este porcentaje es de 50%. De acuerdo con la compañía, esto quiere decir que solo 3 de cada 10 ocupados cotiza a pensiones, asociada a la alta incidencia de la informalidad laboral. “La Constitución obliga a igualar la pensión mínima con el salario mínimo, lo que establece un piso muy alto para el acceso a pensiones si se tiene en cuenta que 55% de la población colombiana gana por debajo del salario mínimo” puntualiza.
Además, se resaltó que los estudios sobre el tema muestran cómo, bajo los parámetros actuales, solo 10% de los trabajadores alcanzaría una pensión, lo que significaría una reducción al ya magro indicador actual de 31% de cobertura de la población en edad de pensionarse.
Por otra parte, el informe señaló que es probable que el nivel de las prestaciones se reduzca en el mediano y largo plazo. “Los estímulos no son los mejores para inducir un manejo eficiente de los portafolios. Además, las AFP terminan buscando combinaciones de rentabilidad y riesgo inferiores a las óptimas, lo cual termina afectando de manera decisiva el nivel de las prestaciones: una reducción de 1% en la rentabilidad anual de una cuenta de ahorro durante una vida laboral promedio puede disminuir el monto de la pensión en hasta 30%”, dice.
La baja productividad de la fuerza laboral colombiana puede inducir menores pensiones futuras, dado que la escasa densidad de cotización y un crecimiento lento de los ingresos salariales implicarían que las prestaciones futuras otorgadas por el sistema sean menores a las actuales en términos reales.
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