La lucha de las autoridades contra las pirámides por Internet

Esta última, en donde los requisitos para recibir el pago prometido consiste en afiliarse, pagar la suma exigida y vincular a sus conocidos que, así mismo, aporten su dinero y afilien a más personas, ha revivido la preocupación de las autoridades por los nuevos casos y formas de operar que se están dando en el país. 

En los últimos dos años, la Superintendencia de Sociedades intervino más de 250 entidades por captación ilegal, entre personas naturales y jurídicas. Así mismo, las reclamaciones de presuntas víctimas continúan siendo altas, aunque han venido en descenso. 

El 2008 fue el año en que más hubo reclamaciones, que llegaron a los $5 billones, mientras que el año pasado se reclamaron $43 mil millones, por situaciones de pirámides. 

¿Cómo operan hoy en día? 

A diferencia de lo ocurrido en el año 2008 con pirámides como “DMG” o “DRFE”, que funcionaban en oficinas o sitios físicos y tenían una estructura operativa que permitía identificar a sus administradores, en la actualidad se está desarrollando este fenómeno abiertamente defraudatorio a través de correos electrónicos o de la Web, en los cuales se invita a los colombianos a que participen en la “pirámide”. 

La Superfinanciera explicó que, en este caso, el director del esquema piramidal es el que señala a los vinculados cuál es la persona que debe ser la beneficiaria de su pago y a nombre de la que se deben enviar los dineros, acción que se cumple a través de correo con el uso de un código sin que se identifique al responsable y al beneficiario, características que hacen que estos se mantengan en el anonimato. Las instrucciones para la entrega de recursos se envían desde direcciones de correo electrónico, utilizando “alias”, lo que hace difícil su identificación. 

Igualmente, los promotores han diseñado páginas en Internet, donde los participantes pueden observar el supuesto nivel en que se encuentran en la “pirámide”. Sin embargo, se desconocen los pormenores de la asignación de los recursos y los beneficiarios de los mismos. 

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, explicó que las captaciones “inicialmente se hacían en las esquinas, requerían personas físicas, pero ahora hay muchos mecanismos que se hacen también en Internet, páginas donde aparecen anuncios en los cuales se invita a la gente a invertir sus recursos en productos o servicios que no son claros ni genuinos”. 

Reyes dijo también que otra modalidad que toma fuerza y “es bastante difícil de meterle la mano”, es cuando se conectan vía a Skype con un captador. 

“Si el sitio de internet está ubicado en Colombia, tenemos la posibilidad de hacer que se clausure, si el nombre de dominio es creado dentro de Colombia nosotros avisamos a las autoridades para que bloqueen esas páginas”. 

El experto Germán Patiño, desarrollador de negocios para Easy Solutions Latinoamérica, sostiene que hoy en días “es extremadamente fácil, barato, de muy bajo esfuerzo, bajo riesgo, y no necesita muchos registros legales, entonces es muy fácil crear un dominio, una página, un perfil en alguna red, ya sea para hacer fraude o estos modelos de adquirencia ilegal es supremamente sencillo”, por eso indicó que “el primer paso es ganar mucha visibilidad y monitorear qué es lo que está pasando en estas áreas”. 

¿Cómo se está controlando? 

La Superintendencia Financiera dio a conocer que se encuentra trabajando con la Policía Nacional y la Dijín, que a través del Área de Delitos Cibernéticos, realiza el seguimiento a diferentes páginas web y correos electrónicos desde donde se promocionan las pirámides, con el fin de identificar a los responsables y obtener la autorización de ley para bloquear las páginas correspondientes. 

Así mismo, la entidad trabaja con los comandos de la Policía territoriales y las autoridades departamentales y municipales, que están facultadas para sellar los sitios en los que se encuentren indicios de operaciones de captación ilegal de dineros.

“Se investigan todas las denuncias o quejas que se presentan ante la Superintendencia, se obtiene la mayor evidencia posible (…) ordenando la suspensión inmediata de las operaciones, adoptando las medidas administrativas correspondientes y dando traslado a la Superintendencia de Sociedades para que, una vez decretada la captación ilegal, adelante el procedimiento de intervención administrativa tendiente a recoger los activos del captador y a procurar la devolución de los mismos a los reclamantes a prorrata de lo incautado”, afirmó la Superfinanciera. 

Justamente, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, indicó que la Superfinanciera le reporta con mucha frecuencia acerca de entidades que sospechan que puedan estar en operaciones de captación ilegal. Pero además, indicó que en otras oportunidades las investigaciones parten de denuncias y quejas de particulares y funcionarios de la entidad que advierten sobre estas actividades. Además, dijo que “tenemos una división de intervenidas, un grupo de trabajo con el que estamos monitoreando lo que está ocurriendo y se tratan de detectar esas operaciones, por ejemplo en Internet”. 

De esta manera, con una mayor vigilancia y control, así como con mayores sanciones, incluso hasta penales, que van entre 10 y 20 años de cárcel; las autoridades buscan controlar un fenómeno que parece no extinguirse en el país, que renace cada tanto. “La ley es bastante estricta en este tema porque establece no solamente sanciones administrativas, aquí se puede perder toda la plata que se tenga y se haya invertido en esta clase de operaciones sino que además hay responsabilidad penal. Las sanciones son muy duras”, dijo Reyes. 

Finalmente, las autoridades, en cabeza de la Superintendencia Financiera, adelanta la campaña de prevención “¡No se deje engañar, De eso tan bueno no dan tanto!”, por medio de la cual se busca informar a la ciudadanía sobre los riesgos de participar en los diferentes negocios de captación ilegal y los mecanismos de prevención para evitar ser engañados y perder sus recursos. 

Recomendaciones a los ciudadanos 

La Superintendencia Financiera invita a los ciudadanos a desconfiar de negocios que le prometan altos rendimientos, a no entregar sus recursos si tienen dudas sobre la legalidad de la empresa, a verificar la existencia del proponente y a establecer si en realidad se encuentra vigilado por la autoridad. 

Así mismo, advierte que no se deben firmar documentos sin conocer claramente a qué se está comprometiendo o qué facultades está otorgando, así como a no entregar su información personal, comercial y financiera sin estar seguro de conocer la real identidad del receptor y para qué será usada dicha información. 

Por otro lado, se recomienda a la ciudadanía preguntar o informarse antes de invertir su dinero y denunciar los diversos ofrecimientos de captación de recursos por parte de terceros, en las Inspecciones de Policía, Alcaldías locales, oficinas seccionales de la Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades u otras autoridades.