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Lo que conllevaría la inversión forzosa
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Seis exministros y la banca advierten que con la inversión forzosa habrá menos recursos disponibles para sectores priorizados y que esto encarecería créditos
Un nuevo debate se abrió entre la banca y el Gobierno por la intención del presidente Gustavo Petro de implementar una inversión forzosa como mecanismo para canalizar mayores recursos hacia la atención de la emergencia climática que afecta a varios sectores del país. En este contexto, no solo el gremio que agrupa a los bancos, sino también varios exministros de Hacienda encendieron las alertas sobre los efectos y riesgos de adoptar esta medida.
Los exministros aseguran que esta medida tocaría a 38 millones de personas que tienen sus ahorros en la banca, por eso instaron a un debate técnico, porque el mecanismo generaría menor rentabilidad de los depósitos y mayores tasas de interés. Una de las principales consecuencias es que el crecimiento económico del país se reduciría 0,3 puntos porcentuales.
“Una medida así termina afectando a los colombianos vía encarecimiento de los créditos y no necesariamente garantiza un mayor crédito en los sectores que se desean impulsar”, explicó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón.
“Cuando tú encareces el crédito como resultado de esta intervención, generas una menor dinámica de inversión privada. Lo único que conducen es a reducir inversión”.
“Si los banqueros rechazan la inversión forzosa que ya existe y no quieren pagar impuestos, entonces cómo creen que se va a financiar la emergencia climática”.
Un menor crecimiento, según explicó el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, es que cuando se encarece el crédito se genera una menor dinámica de inversión privada que forma parte de los componentes principales del PIB.
“Desafortunadamente este tipo de intervenciones a lo único que conducen es a que se reduzca la inversión en la economía y con ello se reduzca el crecimiento en la economía. Es una medida que ningún país del mundo tiene realmente porque es una medida distorsionante, es un mecanismo que afecta la dinámica económica de país y en este caso particular afecta la inversión”, advirtió Restrepo.
Asobancaria estimó que las tasas de colocación se incrementarían entre 50 y 100 puntos básicos y se vería un aumentos en los tipos de hasta 45 untos porcentuales.
Malagón aseguró que la medida aumentaría la represión financiera. “Hoy somos el tercer país de la región con mayor represión financiera, por cuenta de la existencia de la tasa de usura, de la inversión forzosa en títulos agropecuarios, las restricciones para costos financieros y el límite restrictivo en el tiempo de permanencia de información en los burós de crédito”.
Por eso insistió que de establecerse una inversión forzosa para recaudar recursos por $35 billones habría menos recursos disponibles para otorgar créditos a los sectores no priorizados por la medida. “Se traduciría en un incremento generalizado en la tasa de interés de los créditos a toda la economía, lo que generaría una reducción de la cartera de 0,9 puntos porcentuales y una reducción del PIB”.
Una inversión forzosa es una obligación regulatoria que impone el Estado a las entidades financieras para destinar una parte de los recursos que captan a instrumentos definidos para apoyar sectores específicos. En Colombia actualmente existe una, se trata de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, emitidos por Finagro.
Esta norma exige a los bancos mantener un porcentaje de sus recursos en TDA, para financiar el crédito agropecuario.
Ante las pretensiones del presidente Petro de emitir inversiones forzosas y sus críticas al pacto por el crédito, Malagón defendió este acuerdo y explicó que han cumplido desde que se firmó este compromiso en agosto de 2024. “A un mes para cerrar el Pacto, se ha desembolsado 90% de la meta”, dijo.
“El avance logrado ha sido posible gracias a la articulación de estrategias privadas y públicas para atender a la economía popular y los sectores agropecuario, manufacturero, turismo y vivienda. Aún en medio de condiciones financieras estresadas, por cuenta de la inflación por fuera del rango meta y la consecuente política monetaria restrictiva; además de la reducción en el alcance de programas de subsidios y garantías para sectores como la vivienda”, detalló el dirigente gremial.
El programa tiene proyectado un total de $2 billones durante 12 meses. La primera emisión hecha hoy es de $250.000 millones
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