"Fijar la tasa de usura cada mes subiría los costos de operación de las entidades"

Para buscar una transmisión más rápida de la reducción de tasas del Banco de la República en los créditos de consumo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, solicitó hace dos semanas a la Superintendencia Financiera un estudio para poder fijar la tasa de usura de manera bimensual o, incluso, mensual.

En Inside LR, Luis Alfonso Vera, presidente de Financiera Juriscoop, indicó que esta medida podría llegar a tener implicaciones en materia de inclusión financiera y contribuiría a aumentar los costos de operación de las entidades que operan en el sistema.

¿A cuánto ascendieron sus utilidades en 2016 y cuánto proyectan crecer este año?
El año pasado fue retador porque veníamos de un ciclo contraccionista en política monetaria. Tuvimos utilidades operacionales cercanas a $14.000 millones y este año estaremos por ese orden.

¿Cómo ha impactado la desaceleración de la economía a las cuentas de la entidad?
En general, hay un crecimiento más moderado en el sistema financiero, contracciones en los niveles de utilidades y deterioros en la calidad de cartera. Nosotros no hemos sido ajenos a este fenómeno. Nuestros indicadores de calidad de cartera total están por el orden de 7% y el indicador de calidad de consumo, por 6%.

¿Qué opina sobre la posibilidad de que el ajuste del periodo de certificación de la tasa de usura sea cada mes?
No se ha visto una rápida transmisión en las tasas de tarjeta de crédito porque es el producto que mayor nivel de riesgo tiene. Fijar la tasa de manera mensual se convertiría en una carga adicional para las entidades financieras porque aumentarían los costos de operación e implicaría menos incentivos para que la banca explore otros nichos de mercado.

En ese sentido, ¿opina que habría que acabar con ella?
Los límites a los intereses son una restricción grande a los temas de bancarización. Si suma eso con el impuesto a las transacciones, encuentra dos de las grandes limitantes.

¿En cuántas ciudades tienen presencia y con cuántos clientes cuentan actualmente?
Somos una compañía de financiamiento que hace parte del grupo empresarial Juriscoop donde la matriz es una cooperativa con 36.000 afiliados. En concreto, en la compañía de financiamiento tenemos 74.000 clientes y esperamos llegar a 77.000 este mismo año. Nuestros nichos principales son servidores públicos y pensionados.

Además, tenemos 34 oficinas a nivel nacional y hemos venido avanzando en un programa de ampliación de puntos de pago con alianzas como Éxito, Carulla o Surtimax, entre otras.

Juriscoop tiene la intención de convertir la financiera en un banco, ¿qué están haciendo para cerrar ese proceso?
Estimamos que en los próximos cinco años nos convertiremos en un banco pero la última palabra la tendrá la Superfinanciera. Estamos implementando una estrategia de relacionamiento con los clientes. Este proceso también implicará planes de fortalecimiento en la gestión de riesgos, mejorar la tecnología de la entidad, habilitar más canales, entre otros.

¿Qué están haciendo en inversión digital?
Estamos en un proceso de adecuar los canales de atención al cliente dependiendo de sus edades. Hemos avanzado en tener una web más transaccional que facilite el uso de los servicios y recientemente lanzamos una aplicación móvil.

¿Cuánto le aporta el sector solidario a la economía del país cada año?
No tengo las cifras exactas. No obstante, los números de aportes de las entidades corporativas pueden estar por el orden de $6 billones, los depósitos que movilizan son unos $11 billones, la cartera que originan, $18 billones, y el número de personas que están asociadas es de unos seis millones.

¿Qué hace falta para mejorar la inclusión financiera en el país?
El sector solidario es una muy buena herramienta a la que se debería prestar más atención para lograr esa inclusión. Hay que promover más la economía solidaria.

¿Considera que el escándalo de las libranzas ha afectado la imagen del sector?
Sin lugar a dudas. Estos son fenómenos que afectan nuestra imagen. El Estado debe contribuir a blindar el acceso al modelo cooperativo para que no pueda ser utilizado de manera indebida.