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Esto luego de que el ente regulador anunciara el lunes a primera hora que decretó la reorganización de la compañía, para lo cual designó a María Mercedes Perry, quien ha adelantado procesos como la liquidación de DMG.
“Con la reorganización decretada de oficio, Elite debe abstenerse de realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, sin autorización previa y expresa de la Superintendencia”, indicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.
Así mismo, indicó que el auto de la delegatura para procedimientos de insolvencia ordenó también el embargo y secuestro de los activos de la sociedad.
Cabe recordar que Elite había propuesto a sus clientes que le dieran un poder con el objetivo de administrar la cartera, para terminar de desembolsar el dinero pendiente, y la firma que había sido elegida para realizar la función de recaudo a costo de los inversionistas sería Grupo Jurídico Peláez & Co SAS.
Frente a esta propuesta, Alejandro Navas, presidente de Elite, le dijo a este medio la semana pasada que el plan era “que de la cartera que está activa recuperemos 10% para finales de septiembre, 40% para finales de octubre y el 100% para finales de noviembre”.
Sin embargo, luego de que se conociera la nueva determinación de la Supersociedades, Elite, a través de un comunicado, expuso que “nuestros abogados en lo penal y lo civil no recibirán poder alguno de nuestros clientes, por cuanto como consecuencia de la medida adoptada el día lunes, todo trámite o acción de cobro deberá estar avalado por la propia Superintendencia”.
De acuerdo con los informes de la Supersociedades, Reyes indicó que “con base en los nuevos estándares internacionales de contabilidad, en Elite se podría advertir la eventual falta de correspondencia entre la realidad del negocio y los registros contables”.
Otra de las irregularidades arrojadas por los informes es que las ventajas y beneficios relacionados con el activo que se vende, no son transferidos en su totalidad al inversionista, según se desprende de ciertas cláusulas contractuales.
“La sociedad utiliza como excusa del impago a los clientes y demás acreedores, su relación con los originadores (operadores), a pesar de la obligación legal de efectuar el abono del pagaré endosado según las condiciones negociadas”, dijo Reyes.
Jairo Molina, inversionista de Elite, dijo que “se evidenció que a los inversionistas no se les ha suministrado información completa de los pagarés libranza que compraron conforme el decreto 1348 que regula esta materia, que Elite no tiene un mecanismo para manejo de crisis y que no tenía seguros o reservas de capital que le permitan enfrentar una situación de no pago como en este caso”.
La opinión
Francisco Reyes
Superintendente de Sociedades
“Elite debe abstenerse de realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, sin autorización previa de la Supersociedades”.
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