martes, 3 de septiembre de 2013
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María Mercedes Cuéllar

A raíz del deterioro sufrido por los balances y la solvencia pública de las economías avanzadas más grandes -Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea- durante la crisis financiera y la gran recesión desde 2008, las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales adoptaron una posición más acida frente a su riesgo de crédito.

Como consecuencia de ello, algunas de esas economías sufrieron una degradación en su calificación como emisores, los mercados depreciaron sus obligaciones vigentes y exigieron mayores rendimientos para las emisiones posteriores.

Hasta entonces sus títulos de deuda eran considerados libres de riesgo. El concepto tradicional para definir los activos libres de riesgo propone que la deuda pública es el de menor peligro, porque considera que los gobiernos son emisores que tienen una probabilidad de incumplimiento mínima.

Sin embargo, esos acontecimientos cuestionaron la existencia de ese tipo de activos, porque la probabilidad de incumplimiento de los gobiernos de esas economías aumentó, debido a la expansión fiscal sin precedentes que se vieron forzados a acometer para evitar una depresión.

En principio, los intermediarios financieros invierten en deuda pública por su baja volatilidad y alta liquidez. Sin embargo, la coyuntura reciente ha mostrado que esos activos ya no tienen esas características, debido al mayor riesgo de default o a la alta volatilidad que alcanzan en ciertas coyunturas. Esta situación comienza a generar problemas para los supervisores, debido a que no cuentan con un bechmark de mercado que les permita identificar la situación particular de una economía.

Para que los tenedores de la deuda pública estén en capacidad de enfrentar esas eventualidades, Basilea considera que se debe contar con mecanismos para cubrir los peligros que entrañan los “activos libres de riesgo”. En principio, el Banco de Pagos Internacional, BIS por sus siglas en inglés, quiere incluir dentro de sus estándares la posibilidad de que todas las inversiones que realicen las entidades financieras sean provisionadas, con el fin de proteger la estructura del capital y los recursos que tienen las entidades.

Este mecanismo se consideró dentro del acuerdo de capital de Basilea II. Ahora el BIS sugiere que es necesario acelerar la adopción de ese tipo de instrumentos, con el fin de evitar o aminorar las pérdidas que puede traer la volatilidad de su deuda soberana.

En Colombia el uso de los activos libres de riesgo ha estado relacionado con la deuda pública -los TES-, siguiendo la experiencia internacional. El beneficio que le otorga la regulación local a los TES genera que la tenencia de este tipo de activos dentro del portafolio de las entidades financieras sea alta. Sin embargo, la eficiencia de sus sistemas de administración de riesgos y sus modelos internos de gestión, hacen que el negocio bancario en Colombia sea menos vulnerable a escenarios de inestabilidad de los mercados financieros que en las economías avanzadas. La discusión sobre los activos libres de riesgo -sobre todo en el caso de la deuda pública- es necesaria para evitar la inestabilidad que sufrieron los bancos en Europa y Estados Unidos. Pero debe complementarse con la mejora de los procesos de supervisión prudencial y de administración de los riesgos a los que se expone la actividad bancaria.

Qué se entiende por un activo de libre riesgo
Un activo libre de riesgo es aquel en el cual el peligro de incumplimiento no existe. Su probabilidad de pago es tan alta que permite ignorar el riesgo de crédito en la decisión de inversión. A través de los años el riesgo se ha medido como la varianza (o la desviación estándar) de los rendimientos. Por tanto, los activos libres de riesgo son los únicos para los cuales esa varianza es nula.