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Con 60,3% de desabastecimiento de medicamentos en sectores vulnerables, las familias buscan alternativas de atención privada
La medicina prepagada y los planes de atención complementaria en el país han cobrado gran popularidad al sumar cada vez más personas que buscan opciones privadas para cuidar su salud sin depender completamente de su EPS.
El costo de estos servicios suele variar según la edad de la persona, las coberturas o la empresa elegida, pero por lo general los planes complementarios y de medicina prepagada van desde $150.000 hasta más de $800.000 mensuales por persona.
Mientras que un plan complementario funciona como una mejora a la EPS para tener citas más rápidas con especialistas y mejores habitaciones en clínicas, la medicina prepagada ofrece una red de clínicas mucho más grande y atención directa para casos complejos, convirtiéndose en un respaldo clave para las familias.
Adquirir estas coberturas complementarias se ha convertido en una prioridad para muchos hogares que buscan evitar las fallas en el sistema de salud tradicional. El esfuerzo económico de las familias por pagar estas mensualidades de pólizas o planes complementarios responde principalmente a la necesidad de asegurar una atención inmediata en caso de emergencia y recibir sus medicamentos sin retrasos.
Por esta razón, contar con una prepagada o un plan complementario ya no se ve como un lujo exclusivo de unos pocos, sino como una inversión necesaria para proteger el bolsillo familiar y garantizar una atención médica sin interrupciones.
Esta tendencia a buscar alternativas por fuera de las EPS tradicionales tiene una relación directa con los problemas actuales que vive el sector salud en el país. Un estudio reciente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, demuestra que las fallas del sistema están obligando a los ciudadanos a gastar de su propio dinero para cubrir necesidades que el sistema debería garantizarles. Esta falta de atención oportuna está cambiando por completo la forma en que las familias en el país distribuyen sus ingresos mensuales.
Según la investigación. la cantidad de dinero que las personas sacan de sus ganancias para citas, exámenes o remedios aumentó 57,3% en todo el país entre 2022 y 2025. De hecho, el golpe no ha sido igual para todos y aquellos que viven en zonas rurales el gasto creció 61,7%, mientras que en las ciudades creció 26,4%.
En la misma línea, el informe refleja una gran desigualdad social donde en los hogares con menores ingresos este gasto familiar subió 63,4% mientras que en las familias adineradas el incremento fue de apenas 15,3%. Uno de los motivos principales de este problema es que las EPS no están entregando completos los medicamentos. El estudio señala que 60,3% de las personas con menos recursos económicos reportó que no recibió sus medicinas recetadas por falta de inventario en la entidad a la que acuden, frente a apenas 45,1% en los hogares más ricos.
A esto se suma, la demora para lograr conseguir citas médicas; el porcentaje de solicitudes con problemas o retrasos pasó de 42,14% en 2020 a 55,76% en 2023, y cerró en 51,63% en 2025. Por esta falta de respuesta, la cantidad de personas que decide acudir a las EPS cuando presenta un inconveniente de salud cayó de 55,7% en 2023 a 43,1% en 2025.
Ante este panorama donde el sistema parece alejarse de los pacientes más vulnerables y de quienes padecen condiciones críticas, cuyo "gasto de bolsillo" subió 32,7% frente a una reducción de 36,5% en personas sanas, la contratación de coberturas adicionales se ha vuelto una constante. El análisis del informe deja observar que, ante la demora administrativa, la estabilidad financiera depende cada vez más de la capacidad para costear alternativas privadas o asumir el valor total de los insumos médicos.
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