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El Ministerio de Hacienda radicó oficialmente el proyecto de reforma tributaria ante la Cámara de Representantes, iniciativa que busca recaudar $26,3 billones
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Algunos de los rubros que recibirían el impacto son IVA, renta y dividendos; esta tributaria espera recaudar $26,2 billones en 2026, pero en 2030 serían $37 billones
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó la reforma tributaria en la Secretaría de la Cámara de Representantes. El proyecto busca recaudar $26,3 billones. Entre los múltiples rubros que aborda, como el impuesto a las iglesias, el impuesto al valor agregado, IVA, y los combustibles, también se contemplan cambios para el sector empresarial y privado.
Algunas de las empresas afectadas, si la reforma se aprueba, serían las que extraen carbón y petróleo. La tarifa adicional del impuesto de renta para estas compañías sería de hasta 15%, lo que llevaría su carga tributaria total hasta 60%.
Otro de los puntos sensibles, pero que ya estaba sobre la mesa para ser incluido en la reforma tributaria, son los dividendos. En este caso, habría un aumento de 10% en los impuestos a este segmento, pasando de 20% a 30%. Esto implicaría que un inversionista extranjero tendría que pagar 54,5% sobre las utilidades de su negocio.
“Si la utilidad de un negocio es $100 (renta líquida), el contribuyente local tiene que darle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, $35. Si este negocio es de un inversionista extranjero, tiene que pagar 30% a título de impuesto a los dividendos sobre el remanente que reciben, es decir, $54,5 al Estado, sumando todo”, señaló Juan Sebastián Torres, abogado de asuntos tributarios.
Aparte de los impuestos sobre la renta a sectores energéticos y a los dividendos, otro de los puntos del proyecto tributario que impacta al sector privado es el IVA. En este segmento, los combustibles, como la gasolina y el Aceite Combustible para Motores, Acpm, tendrían un gravamen de 10% en 2026 y 2027, y luego de esta alza se les aplicaría la tarifa general, es decir, la de 19%.
Dentro del rubro del impuesto a la renta, las instituciones financieras y las aseguradoras también tendrían una tarifa de 50%. Por otra parte, las ganancias ocasionales por enajenación de activos fijos solo se considerarían como tales si se poseen por cuatro años o más.
A lo anterior se suman los impuestos ambientales, ya que, se crearía un gravamen especial de 1% a la extracción de petróleo y carbón. Además, habría un impuesto nacional al carbono con una tarifa de $42.609 por tonelada de dióxido de carbono a partir de 2026, que se cobraría plenamente en 2029.
El resumen estimado de este proyecto en los rubros que impactan al sector empresarial es el siguiente: para personas jurídicas habría un efecto estimado de $1,3 billones en 2026; este aumentaría a $1,6 billones en 2027, a $2,8 billones en 2028, a $3 billones en 2029 y alcanzaría $3,2 billones en 2030.
En cuanto a los efectos en el rubro ambiental, estos se ubicarían en $617.000 millones en 2026 y llegarían a $929.000 millones en 2030. En el rubro minero-energético, el impacto sería de $869.000 millones en 2026 y de $1,1 billones en 2030.
Otro de los segmentos que impactarían a las empresas serían los impuestos al consumo, que incluyen el alcohol y el tabaco. En este rubro se plantea uno de los apartados más ambiciosos de la reforma tributaria, con un efecto estimado de $7,8 billones en 2026, que llegaría a más de $9,9 billones solamente en el periodo de 2030.
Para los analistas, si bien estas cifras del Ministerio de Hacienda presentan proyecciones de lo que se pretende recaudar con esta reforma en materia de recaudo, control, sanciones y procedimientos, sus efectos en el sector empresarial son estimados, ya que, cada rubro puede involucrar tanto a personas jurídicas como naturales.
“Incrementamos la tarifa de los dividendos que se transfieran al exterior para que estas transferencias sean desestimuladas. Lo que buscamos es incentivar la inversión dentro del país”.
“Estamos ante una propuesta que busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo”.
“El IVA de los combustibles implicaría que se cobrará al margen de este agente, es decir, otros $208 de aumento en el precio tanto de la gasolina corriente como del Acpm o diésel”.
“El impuesto implica un incremento adicional tanto al precio del galón de gasolina como al del diésel, que a su vez repercutirá en los pasajes y fletes, atizando una mayor inflación”.
“El Gobierno proyecta en $6,3 billones para 2026 el recaudo producido por efecto de las amnistías y otras medidas sancionatorias y de cumplimiento, lo cual es una estimación compleja”.
“Medidas suben la carga fiscal de sectores como el financiero y las industrias que dependen de combustibles fósiles, al tiempo que reflejan el objetivo de reducir beneficios regresivos”.
César Cermeño, director de posgrados en tributación de la Universidad de los Andes, recalcó que, “el Gobierno Nacional proyecta en $6,3 billones para 2026 el recaudo producido por efecto de las amnistías y otras medidas sancionatorias y de cumplimiento, lo cual es una estimación compleja para circunscribirla al ámbito empresarial, ya que, muchas personas naturales también pueden ser objeto de las mismas”.
Dentro de las estimaciones de la cartera ministerial, también se proyecta que la reforma tributaria recaudaría más de $26,2 billones en 2026. En 2027, los ingresos ascenderían a $28,2 billones, y para 2030, superarían $37 billones. Pero Cermeño advirtió que, dado el comportamiento histórico de las reformas tributarias, con cambios en menos de dos años, es difícil que se cumplan las proyecciones de recaudo para ese lapso.
Por su parte, el ministro de Hacienda señaló que su reforma tributaria tiene un carácter progresivo, es decir, que quienes tengan más paguen más, particularmente en los rubros de renta y patrimonio.
Señaló que así se evitará tocar a los estratos bajos y medios de la población, con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los “perfiles altos de los ingresos de la sociedad”.
“Incrementamos la tarifa de los dividendos que se transfieran al exterior con el criterio de que estas transferencias de recursos deben ser desestimuladas. Lo que buscamos es procurar e incentivar la inversión dentro del país de esos dividendos”, expresó.
Ana María Rojas, asociada en Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, dijo que las “medidas suben la carga fiscal de sectores como el financiero, el extractivo y las industrias que dependen de combustibles fósiles, al tiempo que reflejan el objetivo de reducir beneficios regresivos y ampliar la base de contribuyentes”.
El documento tiene también ciertos incentivos. El Gobierno Nacional propuso una deducción de 50% para inversiones en energías renovables mediante bonos de transición energética. Asimismo, las zonas de la Amazonía y el Chocó quedarían exentas del cobro de gasolina y Acpm.
El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, señaló que con la presentación de la tributaria no se modifica el calendario de la discusión del Presupuesto. El 15 de septiembre es la fecha límite para que el legislativo defina el monto, y el 25 de septiembre, una vez sea aprobado, el proyecto pasará al primer debate en las comisiones económicas.
El 1º de octubre llegará a las sesiones plenarias, que tendrán hasta el 20 del mismo mes para aprobar la iniciativa gubernamental. Si no se logra consenso, el Presupuesto sería nuevamente aprobado por decreto.
