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Consultamos a los representantes de varios gremios y a líderes de sectores económicos clave sobre el panorama de Colombia el próximo año
Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank, aseguró que Lo que el país necesita no es más recaudo, sino un recorte profundo en el tamaño del Estado
El panorama económico para 2025 se define entre una imperiosa necesidad de crecer y el efecto que podrían tener aspectos como las tasas de interés, la informalidad y las reformas del gobierno Petro. Para Camilo Guzmán Sáenz, director ejecutivo de Libertank, el país crecerá entre 2,5% y 3%, pero solo si se generan condiciones de confianza y estabilidad para los mercados.
Colombia cierra 2024 con más sombras que luces. La inflación se ha desacelerado, llegando a 5,2%, lo que representa un alivio para los hogares y el consumo.Sin embargo, el crecimiento económico apenas alcanza 1,9% y el desempleo se mantiene enquistado en 9,1%, mientras que la informalidad laboral alcanza 55,9%.
Estos indicadores muestran una economía que no logra despegar y que sigue atrapada en problemas estructurales. Para 2025, se proyecta un crecimiento de 2,9%, pero esta meta depende de que el Gobierno adopte políticas que promuevan confianza en los mercados. Lamentablemente, el Gobierno sigue fomentando un discurso de odio hacia el sector privado, desprecio por los mercados libres y amor por el estatismo. Si esta tendencia se radicaliza, el país estará condenado a la pobreza, el estancamiento y la desesperanza.
Primero, incertidumbre en la política económica: el déficit fiscal sigue creciendo sin soluciones sostenibles, mientras que el gasto público desbordado y una deuda en aumento generan preocupación. La falta de disciplina fiscal lleva a Colombia a una esclerosis económica, donde no hay capacidad de adaptación ni dinamismo para crecer.
Segundo, estancamiento productivo: la productividad laboral es de apenas US$14,2 por hora trabajada, muy por debajo de países como Chile (US$27,1) o Irlanda (US$131,6). Reformas como la laboral no mejoran este problema, sino que lo agravan, empujando a más trabajadores hacia la informalidad y reduciendo la competitividad del país.
Tercero, desconfianza empresarial: la inseguridad jurídica, el discurso antiempresa y la destrucción del sector minero-energético han ahuyentado inversiones vitales para el crecimiento. El ataque constante al mercado y la libertad económica genera un clima de incertidumbre que paraliza la economía.
Mi postura es clara: me opongo rotundamente a esta ley de financiamiento. Colombia no puede con más impuestos; estamos ahuyentando la inversión nacional y extranjera, y los colombianos están llevando su capital al exterior debido al nivel de incertidumbre y desesperanza.
Hoy, somos un infierno fiscal. Lo que el país necesita no es más recaudo, sino un recorte profundo en el tamaño del Estado, acompañado de un compromiso real para reducir la deuda. El camino correcto es liberar la iniciativa privada, reducir la intervención estatal y permitir que la creatividad y el esfuerzo de los colombianos sean el motor de una recuperación económica real.
Si los dejan, el sector agrícola tiene un gran potencial, al igual que los servicios y las industrias creativas. Sin embargo, esto solo será posible si el Gobierno no los bloquea con regulaciones innecesarias o mayores cargas tributarias. Si al sector privado se le permite trabajar, podría ser el motor de recuperación. No obstante, con un entorno hostil como el actual, incluso estos sectores enfrentan un futuro incierto.
La construcción y la manufactura son pilares fundamentales para la generación de empleo y el consumo interno. Si no despegan, aumentarán la informalidad y la pobreza. Estas industrias necesitan reglas claras, menos cargas regulatorias y un entorno de confianza para liderar la recuperación. Sin embargo, las políticas actuales parecen diseñadas para complicarles la vida.
El sector de petróleo y gas ya no está simplemente amenazado; estamos viendo los efectos negativos en tiempo real. Sin nuevas exploraciones, Colombia está perdiendo su autosuficiencia energética, lo que impactará las finanzas públicas, aumentará los costos de vida y pondrá en riesgo la competitividad industrial. Si no se toman decisiones pragmáticas, este sector, vital para la economía, podría colapsar, condenando al país a la ruina fiscal y sumiendo a millones de colombianos en la pobreza.
El temor radica en un gasto público descontrolado y una política de impuestos excesivos que desincentivan la inversión y el crecimiento económico. Este modelo no es sostenible. La solución está en reducir el tamaño del Estado y liberar el potencial de los colombianos para crear riqueza. Solo así evitaremos una crisis fiscal que podría condenar al país y cerrar las puertas al desarrollo.
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