Infraestructura y conectividad: un pilar para la competitividad nacional

La infraestructura de transporte ha sido históricamente un motor del desarrollo económico y una condición esencial para la integración territorial. Su importancia es evidente no solo por su rol en la movilidad de personas y mercancías, sino también por la forma en que habilita la actividad productiva y la cohesión social. A comienzos del Siglo XX, Colombia contaba con una red vial incipiente; hoy, la red primaria alcanza 18.160 kilómetros, y las vías secundarias y terciarias suman más de 72.000 kilómetros.

Aunque estos avances son importantes, el país aún enfrenta el desafío de fortalecer la inversión en infraestructura. Las necesidades de movilidad de una economía moderna requieren mayores esfuerzos: en 2023 la inversión en vías alcanzó el 1,5% del PIB, cifra que abre la puerta a reflexionar sobre cómo potenciar este rubro en comparación con otras economías que destinan entre 5% y 7% de su producto a este fin. Fortalecer la inversión es una oportunidad para acelerar la productividad, mejorar la logística y facilitar el desarrollo regional.

Infraestructura: plataforma de oportunidades económicas

El gasto en infraestructura tiene efectos multiplicadores sobre la economía. Según el Dane, la construcción de obras civiles impacta directamente 57 actividades económicas y, sumada a las edificaciones, aporta el 7,8% del valor agregado nacional y el 12,9% de la producción total. Este comportamiento la convierte, al igual que al transporte, en un sector clave para el crecimiento.

Durante los últimos años, el desempeño del sector reflejó una desaceleración asociada principalmente a menores niveles de inversión. Esta tendencia no implica pérdida de relevancia, sino la necesidad de abrir una nueva fase de fortalecimiento. Entre 2019 y 2025, la inversión en vivienda registró una variación de -26% y la de infraestructura de -35%. Este comportamiento se vio reflejado en la cadena logística: el peso del cemento y otros insumos en la carga seca movilizada pasó de 4% en 2023 a 3,1% en 2025.

La finalización de fases constructivas de los proyectos 4G, los procesos para consolidar las 5G, los mayores costos de capital, los efectos de la inflación y los retos institucionales han incidido en este comportamiento. Sin embargo, estos elementos también dejan aprendizajes valiosos: la importancia de planear proyectos con enfoque de ciclo de vida, la necesidad de anticipar inversiones futuras al finalizar las concesiones, y la conveniencia de fortalecer los mecanismos de cobertura frente a variaciones en el tráfico o en los costos de operación. Este enfoque permitirá desarrollar modelos concesionales más robustos y sostenibles hacia adelante.

En el contexto de cambio climático, estos desafíos adquieren mayor relevancia. La infraestructura vial -en corredores como la vía al Llano o en temporadas afectadas por La Niña- requiere inversiones orientadas a la adaptación. Este es un campo en el que el país puede avanzar con decisión, incorporando criterios de resiliencia y redundancia que aseguren continuidad operativa ante eventos extremos.

Retos y oportunidades

La administración de la red primaria está dividida entre Invías (57%) y la ANI (43%), lo que evidencia la necesidad de armonizar modelos de obra pública y concesión. Ambos esquemas han contribuido al fortalecimiento de la infraestructura nacional: las concesiones han mejorado la calidad y conectividad de corredores estratégicos, mientras que la obra pública es clave para avanzar en territorios donde los modelos concesionales no logran cierre financiero. Fortalecer ambos instrumentos, con mayor coordinación institucional, permitirá aprovechar mejor sus ventajas complementarias.

Un reto importante es diversificar y fortalecer las fuentes de financiación. Los peajes representan entre 20% y 30% del costo de las concesiones y cerca del 12% del costo operativo de un camión de carga pesada, llegando incluso al 30% en corredores específicos. Asimismo, su valor equivale al 49% del ingreso promedio diario de un colombiano, lo que indica que este mecanismo ha alcanzado límites razonables. Explorar fuentes adicionales, que necesitan de un Presupuesto General administrado con mayor prudencia y más crecimiento de la economía permitirá avanzar hacia un esquema de mayor sostenibilidad.

Del mismo modo, elevar el capex destinado a infraestructura es una prioridad para atender la creciente movilización de carga, mejorar los tiempos de acceso a puertos como lo de Buenaventura y responder a las demandas de desarrollo regional. Este esfuerzo debe ir acompañado por mejoras institucionales, mayor estabilidad directiva en las entidades del sector y una dinámica económica más favorable. Un crecimiento económico más robusto y una mayor diversificación productiva -incluyendo la recuperación de sectores como la construcción, la actividad petrolera y minera y otras actividades generadoras de recursos fiscales- son condiciones que facilitarán ampliar la inversión en infraestructura en el PIB.