Colombia 2026 la oportunidad de pasar del caos al orden

Colombia llegará a 2026 enfrentando las consecuencias de un acumulado de malas decisiones gubernamentales, que han llevado a crisis generalizada en diversos sectores, caos e incertidumbre. El año empezará con una economía afectada por la inflación, déficit fiscal, informalidad, caída de la inversión, crecimiento insuficiente y pérdida de la confianza.

La inflación sigue impactando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, encareció el crédito y deterioró el poder adquisitivo. El gobierno fue incapaz de lograr la estabilidad de la política monetaria. Si bien es cierto que heredó una inflación alta, a diferencia de otros países del mundo en iguales condiciones, fue incapaz de cumplir con la meta del 3%. Por el contrario, sometió con presiones políticas al Banco de la República para forzar una disminución de las tasas, lo que hubiera sido contraproducente con la estabilidad de poder adquisitivo de nuestra moneda.

La pérdida de credibilidad ante los mercados internacionales es el resultado del aumento del riesgo país, la volatilidad regulatoria y la retórica hostil hacia la empresa privada. Esto implica que el financiamiento externo se encarece y se reduce el flujo de inversión. Un país que no ofrece reglas claras termina pagando más por su deuda y menos por su trabajo. La confianza, una vez erosionada, no se recupera con discursos, sino con hechos.

El frente fiscal será uno de los mayores desafíos de 2026. El Estado sigue gastando ineficientemente más de lo que le ingresa y enfrenta problemas crecientes de recaudo, no solo por la desaceleración económica en sectores formales, sino por un sistema tributario complejo que impone altas cargas a sectores intensivos en capital. La respuesta no puede seguir siendo subir impuestos a una base productiva cada vez más estrecha.

Sin inversión, con déficit fiscal, inflación, y alta informalidad, en el mediano y largo plazo se impactará el crecimiento económico que se necesita para avanzar de forma sostenible en la superación de la pobreza.

A este contexto se suman las crisis en sectores como la salud y la energía; la incertidumbre generada por el manejo de las relaciones con Estados Unidos, principal socio comercial del país; y la crisis de seguridad, que no solo afecta la vida y la libertad de las personas, sino también la economía.

El deterioro acelerado de las condiciones de seguridad es el resultado de la pérdida del control territorial y el orden público, esto a causa de la fallida política de Paz Total que terminó propiciando el crecimiento, fortalecimiento y expansión de las redes de crimen organizado que operan en el país y que controlan diversas economías ilícitas. A esto se suma la debilidad institucional en amplias zonas de nuestro territorio y la pérdida de capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos criminales, desarticular sus estructuras y someterlas a la justicia.

La Colombia que nos espera en 2026 exige transformaciones profundas y responsables que nos permitan recuperar el orden y la confianza. Un Estado más austero y eficiente, con responsabilidad fiscal, decisiones que garanticen un entorno que incentive el ahorro, la inversión, la formación de capital, el crecimiento empresarial y la formalización. Una política exterior que nos permita recuperar las relaciones con aliados como Estados Unidos para aprovechar la coyuntura geopolítica y profundizar la cooperación en materia comercial y de seguridad.

Todo lo anterior requerirá un liderazgo con el conocimiento y la determinación necesarios para impulsar una revolución en los asuntos militares, capaz de enfrentar de manera efectiva al crimen organizado, que opera como un sistema adaptativo complejo, y de recuperar el control territorial y el imperio de la ley. Esto exigirá, además, avanzar en la implementación de un sistema de seguridad urbana y en el trabajo articulado con las autoridades locales, actualmente afectadas por la falta de recursos y de articulación con el Gobierno nacional.

Superar el caos se logrará con orden y confianza si se elige un gobierno responsable, un Congreso con criterio técnico y capacidad para ejercer un control efectivo al poder, y liderazgos con claridad sobre el rumbo que requiere el país. Esto implica una sociedad civil activa, con las personas en el centro, y no como simples espectadoras, y la garantía de un sistema democrático con contrapesos e instituciones que funcione.

Solo desde ese marco, liderazgos y gobernantes podrán promover un crecimiento económico impulsado por el sector privado, la confianza, las reglas claras y la responsabilidad fiscal, como condiciones para que Colombia avance por una senda de progreso, movilidad social y libertad. Ese es el país que todavía estamos a tiempo de construir.