Un Internet con fronteras a la información: Ese es el futuro en la Unión Europea

La directiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a los ciudadanos de los 28 estados miembros de la UE exigir a los buscadores y otros “controladores” de contenidos, como las plataformas de redes sociales, que eliminen los enlaces a páginas que no sirvan al interés público. Por ejemplo, un selfie en estado de embriaguez en Facebook, antiguos registros de quiebra o un blog vengativo contra una ex pareja. El objetivo es permitir a los europeos crear una red inmaculada.

Según el tribunal, la posibilidad de borrar enlaces inconvenientes sobre el pasado es necesaria para proteger la privacidad y el mal definido derecho al “olvido”, que surge de una ley francesa que permite a los criminales rehabilitados suprimir la publicación de sus condenas. Por norma general, los tribunales europeos han fallado a favor del derecho a la privacidad frente a la libertad de expresión, a diferencia de EEUU.

Antes incluso de la sentencia del martes, los europeos podían exigir a una página de Internet que borrase contenidos. Si la página se negaba, el ciudadano podía pedirle a un buscador que eliminase el enlace o solicitar a un tribunal que forzase su supresión. Este tipo de demandas han inundado los tribunales locales, chocando con la interpretación del derecho al olvido.

En 2009, el abogado español Mario Costeja González quiso obligar a Google a borrar enlaces a una noticia del año 1998 en el periódico La Vanguardia que informaba sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas. Reclamaba que Google violaba la “protección de sus datos personales”. Una agencia de protección de datos española aceptó su solicitud, pero Google apeló al alto tribunal del país.

El caso llegó finalmente al Tribunal de Justicia europeo, que ha ordenado ahora a los buscadores “eliminar los enlaces a páginas de Internet” a petición de los usuarios ya que los “datos precisos pueden, con el paso del tiempo, volverse…inadecuados, irrelevantes o perder relevancia, o excesivos en relación a los propósitos por los que fueron procesados”.

El tribunal destacó que “los derechos de un sujeto también invalidan, por norma general, ese interés de los usuarios de Internet” a la información, aunque este “equilibrio” puede depender en parte de “la vida privada del sujeto y del interés del público a tener esa información, un interés que puede variar, en particular, según el rol jugado por los datos en la vida pública”.

Traducción: los ciudadanos tienen derecho a purgar de la red la información personal que consideren inconveniente. El tribunal ha hecho una excepción a favor de interés público, que probablemente se aplicaría a figuras públicas como políticos y celebridades. Pero nunca se sabe. Un tribunal alemán ordenó a Google a principios de este año filtrar los enlaces a imágenes del ex presidente de la Fórmula 1, Max Mosley, en una fiesta sexual. La compañía ha apelado la sentencia.

Google ya controla muy de cerca los resultados de búsqueda para cumplir leyes locales como la prohibición de Alemania de contenidos que inciten al odio racial y nieguen el Holocausto. Pero la sentencia otorgará ahora a los ciudadanos un derecho privado a la acción que obligue a grupos como Google y Microsoft a limpiar sus búsquedas.

Así que Google tendrá que equilibrar a partir de ahora la privacidad personal y el interés público caso por caso, sin unas pautas claras. Como mínimo, tendrá que contratar a cientos, si no miles, de abogados en los 28 países de la UE, incluso en aquellos en los que no tiene operaciones. Una persona también podrá apelar una decisión negativa de Google ante un tribunal local, lo que podría generar multas por no proteger adecuadamente la privacidad. Esto alentará a los buscadores a decantarse por la censura.

La historia personal seguiría siendo accesible en algunas partes de la red, ya que el tribunal no exige a proveedores de contenidos como los periódicos que supriman información. Es una pequeña deferencia a la libertad de prensa. Esto implica que a partir de ahora es posible que un particular tenga que emplear a un investigador privado para recabar información sobre, por ejemplo, un pretendiente de la red o un socio de negocios potencial que antes habría surgido con una simple búsqueda en Google. Así, será más difícil descubrir cuestiones como quiebras que son asuntos de legítimo interés público en algunos países.

Otro efecto será la balcanización de Internet. La sentencia no especifica si los denominados controladores de contenidos tendrán que eliminar los enlaces sólo en el país de la reclamación o en todos los estados miembros de la UE. Pero en cualquier caso, los resultados de búsqueda variarán a partir de ahora dependiendo de la ubicación de una persona en el planeta. Los estadounidenses podrán acceder a enlaces que los europeos tendrán vetados.

El fallo fue ratificado por el pleno del alto tribunal europeo, así que su decisión no es apelable. La comisaria de Justicia europea, Viviane Reding, respondió con aspereza que “las compañías ya no pueden escudarse con el hecho de que sus servidores estén situados en California o en cualquier otra parte del mundo”. La sentencia abre otra vía para la censura en la red y dañará más al interés público de lo que protege la privacidad.