Uber aclara que no está en situación de ilegalidad y añade que actúa bajo normas constitucionales

Ante las declaraciones de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en varios medios de comunicación este martes 14 de enero, Uber aclaró algunos mitos que están en la opinión pública.

La plataforma ratificó que tomó la decisión de irse del país por dar cumplimiento al fallo del juez de la Superintendencia de Industria y Comercio que obliga a la compañía a cesar las operaciones.

A través de un comunicado, señaló que no están en situación de ilegalidad. "Estamos desde hace 6 años, en un escenario de no reglamentación del servicio prestado usando la aplicación, que nos trajo al escenario actual pese a las reiteradas solicitudes y manifestaciones de Uber de colaborar para la definición de una regulación. Ya estas reglamentaciones se han dado en otras 150 jurisdicciones en el mundo, que han reconocido una categoría diferente como solución a este reto tecnológico", advirtió.

A lo agregó: "Actuamos al amparo de normas constitucionales, del principio de neutralidad de red, del derecho de acceso a internet, la ley tributaria nacional y el principio de confianza legítima".

La plataforma destacó que las normas de transporte que se invocan por parte de la ministra de Transporte fueron expedidas en 1996, año en el que las aplicaciones no existían. "Dado lo explicado, no son aplicables a modelos de negocio como el de las plataformas tecnológicas", dijo.

Otro de los puntos que aclaró es que la plataforma es igual a los taxis. Advirtió que no presta servicios de transporte público individual de pasajeros tipo taxi, como erróneamente lo establece el fallo de la SIC, pues es una plataforma que intermedia servicios privados de movilidad colaborativa "y debería constituirse, en razón de su modelo, en una empresa diferente a las establecidas para los servicios de transporte tradicionales".

Ante la razón por la cual no usan placas blancas, la aplicación detalló que actualmente los carros de placas blancas permiten prestar servicios a grupos de usuarios limitados por la misma reglamentación tales como empresas, colegios, estudiantes, turismo y hospitales, con contratos pre registrados y en zonas específicas aprobadas por el Ministerio de Transporte. Esto deja ver que "lo que deja por fuera a los miles de usuarios individuales que buscan una alternativa de movilidad flexible y accesible en cualquier momento y lugar", concluyó.