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Billy Escobar, superintendente de Sociedades
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Mediante autos proferidos el 6 de febrero de 2026, la Superintendencia no objetó la rendición final de cuentas y declaró terminado el proceso de intervención
La Superintendencia de Sociedades informó la terminación del proceso de intervención judicial adelantado contra Rédito S.A. en Liquidación Judicial y otros vinculados, tras evidenciarse la captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público mediante un esquema de supuesta compra y venta de facturas, sin contraprestación real para los inversionistas.
En el marco de la actuación, la entidad reconoció a 121 afectados, de los cuales 98 presentaron reclamaciones dentro del término legal y 23 de forma extemporánea, por un valor total aceptado de $11.586 millones, correspondiente al monto de la captación acreditada en el proceso.
Durante la etapa de liquidación judicial se aprobó un inventario de bienes por $2.321 millones, se ejecutaron planes de pago por $1.570 millones y se realizaron adjudicaciones por $170 millones a favor de los afectados reconocidos. Sin embargo, persisten saldos insolutos debido a la insuficiencia de activos para cubrir la totalidad de las reclamaciones.
Mediante autos proferidos el 6 de febrero de 2026, la Superintendencia no objetó la rendición final de cuentas y declaró terminado el proceso de intervención frente a Claudia María Tavera Álvarez y la sociedad Las Emes S.A.S., al constatar la inexistencia de activos líquidos o realizables adicionales.
“El caso Rédito S.A. evidencia que, pese a todos los esfuerzos institucionales, en algunos procesos resulta imposible lograr la devolución total de los recursos captados”, afirmó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, quien reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de las inversiones y desconfiar de promesas de rentabilidad sin sustento financiero real.
La entidad aclaró que la terminación del proceso frente a algunos intervenidos no implica la devolución total de los recursos captados y que, conforme a la normativa vigente, si llegaran a aparecer nuevos bienes, el proceso podría reabrirse.
La transacción, que contempla una inversión aproximada de US$158 millones de dólares, hace parte de varias movidas de la multinacional chilena en el continente
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