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Deudoras en el sistema de salud
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De acuerdo con la Superintendencia de Salud, se "mantienen los causales de intervención contemplados en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1.993"
La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que la EPS Sanitas va a continuar intervenida por un año más. "Se toma la decisión de prórroga porque en el momento actual persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios", afirmó la entidad.
De acuerdo con la Superintendencia de Salud, se "mantienen los causales de intervención contemplados en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1.993". Esto en medio de la crisis de escasez de medicamentos que atraviesa el país.
EPS Sanitas es una de las entidades prestadoras de salud que más debe en materias de medicamentos, con más de $73.000 millones. Esto representa casi un tercio de las deudas de las 23 entidades que mencionó la Superintendencia de Salud, 31,9% exactamente.
Sanitas es la segunda EPS más grande del país, de acuerdo con datos de la SuperSalud, con más 5,7 millones de usuarios, que representa 11,6% del total de afiliados al sistema de salud a nivel nacional. Además, es la segunda EPS con mayor cantidad de deuda en mora, según la Asociación Colombiana de Hospitales, con más de $520 millones.
El grupo Keralty, propietario de la entidad de salud, rechazó hace unos meses la separación de la EPS de Acemi. "Esta decisión no cuenta con legitimidad y atenta contra la representatividad del sector en el debate público", señaló el grupo. Además, inició acciones legales contra el interventor.
Cuando Sanitas empezó a ser intervenida, Keralty interpuso una denuncia penal contra el Superintendente de Salud. Sin embargo, un año después, EPS Sanitas sigue estando intervenida por el ente de control.
Para expertos ajenos a la administración, como el exministro de Salud, Fernando Ruíz, “hay un alto riesgo de causar liquidación en las EPS, porque el detrimento interior o patrimonial de las entidades es gigante, por encima de 60%, desde el momento en que fueron intervenidas por el Gobierno”.
Este detrimento, según Ruiz, se expresa en que "en 2024 la desfinanciación fue cercana a los $10 billones y, en este año, ya llevamos una cartera de $24 billones (en déficit)". Esto se debe, en parte, a la UPC que no alcanzaría, según las EPS, para cubrir las necesidades del sector.
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