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Mientras esta semana el Gobierno publicará el cronograma de venta en dos etapas de la mayoría accionaria en Isagén, el sindicato de base de la tercera generadora se anticipó con una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado para que declare nulo el Decreto 1609 del 30 de julio pasado con que se dio luz verde a la enajenación de acciones de la Nación.
"El Gobierno violó el debido proceso al no dar cumplimiento a la ley 226 de 1995, la cual señala que la enajenación de activos del Estado debe presentarse al Congreso de la República en un plan anual durante los primeros 60 días de 2013", explica en la demanda Hélber Adolfo Castaño Pérez, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de Isagén.
Castaño interpuso la acción jurídica el jueves pasado contra las carteras de Minas y Energía y de Hacienda, en cabeza de los ministros Federico Renjifo y Mauricio Cárdenas, respectivamente.
Según Castaño, los accionados al no presentar el programa de enajenación de acciones con sus respectivos avalúos preliminares al Congreso, están "eludiendo" el control político.
"La decisión impugnada (el Decreto) quebranta las disposiciones constitucionales que establecen que los servidores públicos tienen la obligación de cumplir sus funciones administrativas con sujeción a la ley", señala la parte emotiva de la demanda.
A este recurso legal se suma la acción de tutela contra la Nación, interpuesta por Sintraisagén el 12 de agosto pasado.
De otro lado, la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes citó para mañana a un debate al ministro Cárdenas y al gerente de Isagén, Luis Fernando Rico, para explicar el estado actual de la empresa y cuáles son las consecuencias para la economía colombiana de su venta.
Falta demanda de dueños de Isagén
A la acción popular del expresidente Álvaro Uribe y la demanda de Sintraisagén, es probable que esta semana se sume otra por parte de Dueños Isagén, como se conoce el grupo de empleados, jubilados y extrabajadores de la generadora que, bajo la figura de mandato, buscan hacerse a un paquete grande de acciones. Consideran que el Decreto 1609 tiene vicios de legalidad en los topes que impone a quienes pueden participar en la primera etapa de venta.
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