“Se necesita certidumbre jurídica y reglas claras para consolidar la inversión”

Y eso, precisamente, es lo que viven varias empresas al hacer negocios localmente. Durante la semana pasada, la Compañía de Puertos Asociados (Compas), filial del Grupo Argos, tuvo que parar sus obras del Puerto de Aguadulce, en Buenaventura, después de que el alcalde del municipio decidiera sellar y suspender la construcción.

Aunque el funcionario tuvo que levantar los sellos de las obras, Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, señaló en entrevista con LR, que los empresarios necesitan “certidumbre jurídica y reglas claras para consolidar la inversión”.

Además, el ejecutivo recomendó a las autoridades no dilatar la presentación del proyecto de la Ley Estatutaria de Consulta Previa, ya que se necesitan reglas robustas para proteger de abusos a los inversionistas.

¿Cuál es el principal desafío que hoy tiene la inversión en infraestructura?
El principal desafío es la estabilización del entorno jurídico.  Se necesita certidumbre jurídica y reglas claras para consolidar la inversión. La incertidumbre y transferencia de riesgos abiertos al privado se refleja en mayores costos financieros y dificultades para cerrar algunos proyectos. Colombia tiene el más ambicioso proyecto de transformación en infraestructura, y debemos trabajar todos para volverlo realidad.

En el proyecto del Puerto de Aguadulce en Buenaventura, ¿con cuáles problema se encontraron los inversionistas?
Con una decisión de sellamiento de las obras por parte de la Alcaldía como entidad territorial, desconociendo licencias y decisiones de nivel superior.

Por fortuna, el Gobierno Nacional intervino de forma rápida y decidida para levantar el cierre. Nos vincula al tema la Compañía de Puertos Asociados, Compas, en la cual Grupo Argos tiene participación de 50%.

¿A qué otras situaciones complejas se enfrentan las empresas en Colombia para realizar proyectos?
La informalidad de la propiedad en áreas rurales, las consultas con comunidades y los riesgos de asentamientos en zonas de los proyectos cuando se hacen públicos. Esto último le ocurrió a Epsa, en la que tenemos participación a través de nuestra filial Celsia, llevándola a desistir la semana pasada del proyecto de la segunda línea de transmisión a Buenaventura, dado que se tornó inviable.

¿Piensa usted que la consulta previa es un obstáculo para el desarrollo de proyectos estratégicos en el país?
Las comunidades tienen derecho a ser consultadas sobre los proyectos que se van a desarrollar en su territorio. Lo que no se puede permitir es que la consulta sea aprovechada por grupos de presión e intereses que desnaturalizan la figura y la convierten en una herramienta transaccional.

¿Qué le recomienda a las autoridades para avanzar en las consultas previas a las grandes obras?
No dilatar en el tiempo la presentación del proyecto de Ley Estatutaria de Consulta Previa. Necesitamos una institucionalidad robusta y una reglamentación que llene los vacíos existentes y dé certidumbre a las partes para un efectivo diálogo constructivo, protegido de abusos e intereses que puedan afectar el proceso y frenar inversiones necesarias para el desarrollo sostenible del país. 

Las terminales que tiene la Compañía de Puertos
La Compañía de Puertos Asociados (Compas), filial del Grupo Argos, tiene siete terminales ubicadas en Buenaventura, Tolú, Cartagena, Buenavista, Barranquilla, Panamá y Houston. Adicionalmente, la empresa tiene dos terminales en desarrollo: la primera de ellas es Aguadulce, que será la segunda en Buenaventura. Además, tiene en desarrollo una terminal en Tamalameque (Cesar), que tendrá acceso a los complejos de la compañía en Barranquilla y Cartagena.

La opinión

Saúl Pineda
Director del Cepec de la Universidad del Rosario
“En este tipo de casos está en juego la seguridad jurídica de una empresa que quiere hacer el puerto más moderno del país”.