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De acuerdo con un sondeo que LR realizó recientemente entre las petroleras, las empresas recortarían hasta US$10 el precio referencia del barril con el que van a realizar sus presupuestos el próximo año, y mantendrían un rango entre US$70 y US$90. Esto se traducirá en menores utilidades y recursos disponibles para inversión. Un adelantó de lo que va a pasar el próximo año lo dio Ecopetrol en sus resultados del tercer trimestre de 2014, en el que sus utilidades netas cayeron 40% frente al mismo periodo de 2013.
Por supuesto, las alarmas están encendidas, porque la compañía debe responder ante más de 420.000 accionistas y le transfirió a la Nación $33,7billones en 2013, por concepto de regalías, dividendos e impuestos. A esto se suma que la empresa produce 754.000 barriles en promedio por día (bepd), de los 980.000 bepd que se extraen en el ámbito nacional. Según los analistas, esa caída en las utilidades obligará a que la petrolera evalúe y priorice sus proyectos, para no desperdiciar recursos en activos poco productivos.
Para la industria minera la situación también es inquietante: según Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de la Minería (ACM), los ingresos de las empresas han caído 50% en los últimos 20 meses, debido a la caída de los precios internacionales del carbón y el oro, principalmente. Si la tendencia se mantiene, las compañías también deberán revisar las inversiones proyectadas en unos seis proyectos estratégicos para jalonar el sector, además de los planes de exploración.
Esa es una situación a la que el Gobierno deberá ponerle mucha atención si entre sus planes está presentar este año la primera Ronda Minera, para asignar áreas con potencial productivo, estimular la explotación de 11 minerales estratégicos y jalonar inversiones mucho más organizadas en el sector.
Si al Gobierno y las empresas les va bien con esa gestión, se podrá mantener el ritmo de un sector que representa más de 50% de las inversiones extranjeras directas (IED) y transfiere unos $32 billones al año, entre regalías e impuestos, que se destinan a los programas sociales.
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