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La firma aseguró mediante un comunicado que “continuará demostrando ante la corporación, en el curso del proceso, todas y cada una de las actuaciones que dan cuenta de su diligencia y del cumplimiento absoluto al ordenamiento legal y constitucional”.
Cabe recordar que hace unos días, el alto tribunal le ordenó a Pacific E&P suspender operaciones en un sector de Quifa, uno de los principales campos petroleros del país. La razón estuvo ligada al incumplimiento de un trámite de consulta previa.
Actualmente hay registro de aproximadamente 11 tutelas interpuestas por comunidades indígenas y afrodescendientes que solicitan ser consultadas e indemnizadas por presuntos impactos ambientales y culturales por parte de las empresas de petróleo.
Dichas solicitudes que se presentaron entre 2013 y 2015, provienen principalmente de Putumayo, aunque también hay casos en Huila, Meta y La Guajira.
De estos 11 procesos, cuatro han surtido su etapa de primera y segunda instancia y fueron admitidos ya por la Corte Constitucional.
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