Colombia tiene un significativo déficit en infraestructura de transporte, tanto en calidad como en cobertura. Esta conclusión se obtiene de diversas comparaciones internacionales. En los indicadores de infraestructura del informe de competitividad del año 2013 del Foro Económico Mundial, Colombia está más bajo que el lugar 120, entre 144 países.
El índice de Doing Business del Banco Mundial señala que el costo de importar un contenedor en Colombia es en promedio US$2.830, contra US$1.612 de América Latina. La calidad de la infraestructura de transporte en esta Nación es peor que el promedio de los países latinoamericanos, a pesar de que posee uno de los mayores gastos de inversión de toda la región (0,75% del PIB entre 1981 y 2006), solo superado por Chile en el mismo periodo.
Colombia tiene un serio problema de efectividad del gasto en el sector de infraestructura. Esto se traduce en costos logísticos de alrededor del 24% del valor bruto de todos los productos, comparado con 9% de los países que componen la Ocde.
Desafortunadamente, en el caso de infraestructura de transporte, la incorporación de inversión privada a través de Asociaciones Público-Privada (APP), especialmente en el sector vial, no ha permitido mejorar la eficiencia. Por el contrario, incluso se ha deteriorado la disciplina que imponen los mecanismos de contratación pública.
En efecto, un estudio realizado por la Ocde del sector de APP de carreteras, comparando Chile, Perú y Colombia entrega resultados preocupantes. De una muestra de 25 proyectos de concesiones en Colombia el sobrecosto por renegociaciones supera el 100% de la inversión licitada originalmente. Se realizaron en el país en promedio 1,8 renegociaciones por año-contrato. En el caso de Chile, este indicador no supera 0,2, todavía una cifra elevada comparada con las mejores prácticas internacionales. Información complementaria indica que el costo por kilometro puede llegar a ser el doble de proyectos equivalentes en países similares. Es más, el Gobierno actual ha heredado un pasivo que no se contabilizó como deuda pública cuando se comprometieron pagos diferidos, asociados a nuevas obras negociadas, equivalente al 5% del PIB.
Colombia, al igual que la mayoría de los países, ha mantenido una contabilidad fiscal que exacerba los incentivos perversos asociados al ciclo político, ya que la inversión de las renegociaciones se cubre en una proporción significativa con pagos diferidos del Estado que se extienden en el tiempo. Los pasivos fuera de balance, contraídos en el periodo de Gobierno anterior, se extienden hasta el año 2018, comprometiendo la capacidad de inversión actual.
Una actividad en que el éxito de los negocios depende de la capacidad de negociar con el estado difícilmente genera un campo nivelado para la inversión.
