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La EPS respondió, ante la decisión del Defensor del Pueblo de elevar la solicitud de intervención ante la Corte Constitucional.
Tras conocerse que la Defensoría del Pueblo elevaría la solicitud de intervención de Medimás EPS, ante la Corte Constitucional, debido a los supuestos incumplimentos en al prestación del servicio para sus más de 4,7 millones de afiliados, la entidad respondió al organismo.
Nestor Orlando Arenas, presidente de la compañía, aseguró que sí tienen la capacidad financiera para atender a los usuarios y que los recursos inyectados, desde su entrada en operación, demuestran que si se está respondiendo.
Recordemos que son $900.000 millones los recursos destinados para la red prestadora de servicios, según lo aseguró Arenas. Además, confirmó que en en los últimos días lograron darle cierre a los 3.300 casos prioritarios de atención por los que la Superintendencia de Salud ya les había solicitado medida cautelar.
Otro de los inconvenientes por los que la Supersalud, también había solicitado acciones concretas de mejora, fue el mal funcionamiento de la red de atención de peticiones, quejas y reclamos, así como la línea para la asignación de citas médicas. Algo ante lo que Arenas aseguró que tiene un equipo técnico y humano comprometido con la prestación del servicio.
Especialmente, para la gestión efectiva de las peticiones, quejas y reclamos, que arroja que ya se atendieron 731 afiliados con una cobertura de 1.091 servicios. Y aunque para el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, la prestación del servicio si ha mostrado mejoras, los usuarios no tiene porque esperar una recuperación del servicio.
En cuanto a tutelas, Medimás EPS manifestó que 14.043 aún están en gestión, 6.391 están ante un juzgado y 7.634 en búsqueda del fallo.
El directivo indicó que el análisis de la operación se realizó con un cálculo de entre US$60 y US$65 por barril de WTI
La compañía registró un crecimiento interanual de 10%, impulsado por mejoras operativas en su operación Hemco, en Nicaragua
La entidad informó que el 8 de abril de 2026 impuso la sanción en el marco de las facultades otorgadas por la Ley 2195 de 2022