¿La Oportunidad Pérdida?

En efecto, desde el año 2009 vivimos un escenario de precios altos que sirvió, en el caso colombiano, para impulsar el crecimiento de la industria y para aportar importantes recursos al Estado que se materializaron en ingresos para el gobierno central y para la financiación de proyectos en las regiones vía el régimen de regalías. El escenario de precios altos tuvo importantes repercusiones fiscales pero, hay que decirlo, pocos cambios estructurales se evidenciaron en el sector y en nuestra política energética.

La realidad es que durante este periodo de bonanza, las autoridades y la industria se enfocaron en un pulso, sin precedentes, que buscaba favorecer, según la coyuntura y urgencia, la protección ambiental, la defensa de las comunidades, el desarrollo de los proyectos o la participación social en los mismos.

Nos concentramos en defender visiones propias (sin entender que todas eras válidas y necesarias), cada autoridad o grupo de interés queriendo defender su bandera pero sin aportar a la formulación de una política petrolera sólida, ambientalmente sostenible (en especial dando aplicación al principio de coordinación institucional), socializada con las comunidades, sujeta a una intensa fiscalización y atractiva para el inversionista independientemente (o no dependiente mayoritariamente) de los precios en el mercado internacional. No lo hicimos así. 

Hoy Colombia, ante la caída dramática de los precios, enfrenta un escenario crítico, acompañado, como es natural, en sus efectos micro, de una oleada de despidos y desocupación en el sector (con sus conocidas repercusiones), que no solo afecta a las empresas contratistas de la ANH, sino también a terceros operadores, empresas de servicios, profesionales independientes, etc (sin mencionar otras serias consecuencias como las devoluciones de áreas adjudicadas que pretenden algunos contratistas) y en sus efectos macro, ante unos retos mayores en la planeación del sector.

Es decir, el reto que asume el Estado frente a la coyuntura actual tiene una doble connotación; la primera de ellas, de carácter inmediato, es conocer los planes de las autoridades dirigidos a la obtención de los recursos que, evidentemente, dejaremos de percibir por la caída de los precios (esperando que la respuesta no sea una reforma tributaria) y, en segundo término, conocer la estrategia publica diseñada para atraer nueva inversión en el sector, ante un escenario de precios bajos, y requerida para mantener (y ojala incrementar) los índices de exploración.  

Es decir, independientemente de las discusiones que sigamos manteniendo sobre la importancia de aspectos puntuales como impulsar la exploración offshore, de recursos depositados en yacimientos no convencionales, reformas al régimen de regalías, cuestionamientos sobre el papel de la autoridad ambiental, entre otros, es urgente conocer la estrategia publica integral que, a corto plazo, deberá implementarse para afrontar este nuevo escenario del sector petrolero y que, en ultimas, nos servirá para determinar si perdimos o no una oportunidad durante los tiempos de bonanza. Esperaremos las respuestas.