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María Camila Suárez Peña - msuarez@larepublica.com.co

Ambas empresas, junto a Carvajal Educación fijaron precios de los productos por más de 13 años, tal como reza el informe motivado que se le presentó a Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio. 

“En el marco del Programa de Beneficios por Colaboración, la Delegatura determinó que Kimberly aportó información y pruebas útiles para establecer la existencia del acuerdo de precios y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la identidad de los participantes y su grado de responsabilidad. También se encontró que Scribe aportó información y pruebas que, además de útiles, agregaron un valor significativo a las ya entregadas por Kimberly”, se indicó en el informe.

Otra de las sugerencias que hace Sánchez en el documento es que se declare administrativamente responsables y se sancione a las tres empresas inmersas en el caso y a 24 personas naturales (las implicadas son en total 27: 14 de Carvajal, 3 de Kimberly y 10 de Scribe). Esta, va acompañada de la absolución que el delegado sugiere para tres  personas naturales, que están vinculadas con Carvajal Educación. 

Las eventuales sanciones para el caso de las empresas responsables son de 100.000 salarios mínimos (más de $68.900 millones), y para las personas naturales, 2.000 salarios mínimos (más de $1.370 millones).

¿Qué encontró la investigación?
Entre los resultados de la investigación, que se abrió mediante la Resolución 7897 del 27 de febrero de 2015, la Delegatura encontró que “las empresas investigadas participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”, reza el informe.

También que estas actividades se originaron en 2001 y, según el material probatorio encontrado por la Delegatura, se mantuvieron hasta principios del año 2014. Además, que el cartel incluyó el segmento económico, intermedio y premium de los cuadernos.

Vale aclarar que desde 2001 y hasta agosto de 2011, el acuerdo fue sostenido entre Carvajal Educación y Kimberly. Y que después de agosto de 2011, dado que esta última compañía vendió su línea de cuadernos a Scribe, el cartel se desarrolló entre Carvajal y Scribe, quienes continuaron con esa práctica ilegal hasta inicios de 2014.

En cuanto a los mecanismos que usaron los implicados, el Informe Motivado menciona que fueron, entre otros, la realización de reuniones periódicas en varias ciudades del país y la comunicación directa entre los funcionarios de cada compañía encargados de poner en marcha el acuerdo, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. 

La investigación también corroboró que con posterioridad a las reuniones o las conversaciones telefónicas, Carvajal Educación se encargaba de enviar la lista acordada en el marco de dicha reunión para que la misma fuera implementada por las demás compañías.

¿Qué va a pasar ahora con el proceso?
Luego del informe motivado rendido por el Delegado para la Protección de la Competencia, las empresas implicadas tendrán 20 días hábiles para presentar sus observaciones, esto, como parte del ejercicio del derecho de defensa. Después de ello, se convocará al Consejo Asesor de Competencia, quien también emitirá su recomendación a Pablo Felipe Robledo.  El Consejo Asesor de Competencia está integrado por cinco miembros designados por el Presidente de la República. 

Las opiniones 

Pablo Felipe Robledo
Superintendente de Industria y Comercio 
“En dos meses, la SIC tomará una decisión definitiva sobre este caso que podría acarrear sanciones de hasta 100.000 salarios mínimos”.

Luis Fernando Martin
Consultor empresarial 
“La Superintendencia debe sentar un precedente. Se hizo acuerdo de precios por más de una década, las firmas jugaron con el bolsillo del cliente”.