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La transparencia y la revelación de información es la dimensión de gobierno con mejor cumplimiento en el índice, con aproximadamente 42%
Durante el VII Foro Anual en Gobierno Corporativo, organizado por el Cesa y el Instituto Colombiano en Gobierno Corporativo, se presentó una investigación sobre los conflictos de interés en el sector de educación superior. Allí se demostró cómo el manejo inapropiado de recursos, la interferencia política y los delitos financieros son el tipo de problemas que más aquejan a las universidades, además de los problemas de acoso y abuso sexual, conflictos entre los tomadores de decisión y actores de gobierno corporativo y problemas con los colaboradores, incluidos los profesores.
Según los investigadores, estos problemas deben ser abordados y mitigados desde el gobierno corporativo de las instituciones de educación superior.
De acuerdo a lo arrojado por el estudio, las universidades presentan un nivel de implementación general muy bajo y equivalente a 14,7% de las medidas sugeridas. La transparencia y la revelación de información es la dimensión de gobierno con mejor cumplimiento en el índice, con 42%. Las universidades acreditadas y las públicas muestran un porcentaje ligeramente superior al del promedio: 15,3% y 17,6%, respectivamente.
Los órganos de gobierno, como las asambleas de representantes o los consejos directivos, presentan niveles de implementación de buenas prácticas que son bajos. De las universidades privadas del país, 3,6% cuentan con un reglamento interno sobre su Asamblea de Fundadores (u órgano equivalente) y ninguna revela el Protocolo de Fundadores, lo que establece una oportunidad de mejora al respecto.
También 58,4% de las universidades cuentan con un Código de Buen Gobierno. Se resalta que las universidades públicas cuentan con mayores niveles de transparencia y arquitectura de control, producto de los beneficios que trae consigo un mayor escrutinio político.
Los resultados de la investigación sugieren un desarrollo incipiente del gobierno corporativo y la falta de mecanismo o prácticas para el buen funcionamiento de los órganos de gobierno y la gestión de los conflictos de interés.
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