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Billy Escobar, superintendente de Sociedades
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La aprobación de esta ley busca beneficiar el acceso expedito a la justicia empresarial, esto debido a que los procesos de reorganización y liquidación serán más ágiles
La Superintendencia de Sociedades informó que el Congreso de la República aprobó la Ley 2437 de 2024, mediante la cual los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020, junto con sus reglamentarios 842 y 1332, se integran de manera definitiva al marco legal colombiano.
Desde la Supersociedades indicaron que estas normativas introdujeron mecanismos efectivos para facilitar la reorganización empresarial, proteger empleos y salvaguardar el crédito, esto ante la crisis causada por la pandemia del Covid-19. Añadieron que durante su vigencia se demostró la necesidad de convertirlas en legislación permanente. Por ello, la Supersociedades lideró la propuesta, contando con el respaldo del Congreso, para consolidarla como una herramienta clave para fortalecer el ecosistema empresarial colombiano.
La aprobación de esta ley busca beneficiar el acceso expedito a la justicia empresarial, esto debido a que los procesos de reorganización y liquidación serán más ágiles, reduciendo así las barreras administrativas. Además, los mecanismos como capitalización de pasivos y pactos de deuda sostenible para apoyar la recuperación de empresas.
Las disposiciones buscan salvaguardar el tejido empresarial y proteger los derechos de los trabajadores. Asimismo, se implementan procedimientos abreviados atender empresas de menor tamaño y con ello ayudar a la sostenibilidad de la economía popular.
Entre otros beneficios de la ley se indica que la legislación ahora cumple con recomendaciones globales, como las de la ONU y la Ocde, fortaleciendo la confianza de los inversores.
Billy Escobar, superintendente de sociedades, indicó que “la Ley 2437 reafirma el compromiso del Estado colombiano con el salvamento empresarial, ofreciendo soluciones sostenibles para empresas en dificultades económicas. Su objeto es proteger las unidades productivas, preservar empleos y fortalecer la confianza económica, simplificando procesos de reorganización y liquidación”.
Escobar añadió que “esta normativa consolida una cultura de prevención y respuesta efectiva ante crisis financieras, fortaleciendo el tejido empresarial como base de la estabilidad económica y social, la cual beneficia a empresas con dificultades y fomenta la confianza de los inversores, protege los derechos laborales y contribuye al desarrollo de una economía más competitiva y resiliente”.
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