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Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, entidad que denunció contratación en la Aerocivil.
La contratación pública tiene como finalidad garantizar que los recursos del Estado se administren mediante procesos abiertos, transparentes y competitivos
Fedeseguirdad alertó que la licitación que adelanta la Aerocivil para contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada en los aeropuertos del país representa "una grave afectación a la libre competencia y a los principios" que rigen la contratación estatal.
"Resulta inaceptable que, en uno de los contratos más importantes del sector, las condiciones del pliego generen claros indicios de direccionamiento del proceso y restrinjan injustificadamente la competencia, mientras la propia entidad habilita sábados, domingos y días festivos para adelantar actuaciones dentro de este proceso contractual", recalcó.
La entidad explicó que la contratación pública tiene como finalidad garantizar que los recursos del Estado se administren mediante procesos abiertos, transparentes y competitivos. Los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva existen para asegurar que todas las empresas que cumplen los requisitos legales puedan competir en igualdad de condiciones y que el Estado seleccione la mejor oferta.
"Un proceso en el que la competencia se limita desde el propio pliego de condiciones desconoce esos principios, restringe injustificadamente la pluralidad de oferentes y desvirtúa la finalidad de la contratación estatal. La libre competencia constituye una garantía para el Estado y para todos los ciudadanos. Permite comparar propuestas, obtener mejores condiciones técnicas y económicas, promover el uso eficiente de los recursos públicos y fortalecer la confianza en las instituciones", dijo Fedeseguridad.
Agregó que cuando la posibilidad real de competir se concentra en un único proponente, esas garantías se debilitan y el proceso pierde uno de sus principales mecanismos de transparencia. En Colombia existen múltiples empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas y vigiladas por el Estado, con la experiencia, la capacidad técnica y la infraestructura necesarias para prestar este servicio.
"Por esta razón, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a las demás autoridades competentes para que ejerzan de manera oportuna sus funciones preventivas y de control, verificando que este proceso se ajuste plenamente a la Constitución, la ley y a los principios que rigen la contratación estatal, garantizando condiciones reales de competencia y la pluralidad de oferentes", recalcó la entidad.
FedeSeguridad reitera que la contratación de un servicio estratégico debe desarrollarse con plena observancia de los principios de transparencia, igualdad, libre concurrencia y selección objetiva.
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