"Se presentarán pretensiones de tipo indemnizatorias ante un tribunal internacional"

Tras el anuncio de la intervención de parte de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas, Juan David Riveros, representante legal y abogado de Keralty, interpuso una denuncia en contra del superintendente Luis Carlos Leal, al considerar que el funcionario estaba impedido para actuar de cualquier forma en este caso, ya que, en el pasado, "habría demostrado una animadversión en contra de la EPS". Pero las medidas pueden llegar al plano internacional, pues apuntó a que llevarían el caso ante un tribunal para proteger la inversión extranjera.

En entrevista con LR, el abogado del grupo Keralty, Juan David Riveros, explicó los detalles de la denuncia en contra del superintendente Leal, el proceso que se seguirá en instancias internacionales para la protección de los recursos extranjeros y la postura frente a la intervención por la que la EPS atraviesa.

¿Cuál es la postura de Keralty la intervención de la Supersalud?

La postura es muy clara. Consideramos que se trata de un acto administrativo contrario a la ley y, en ese sentido, hemos diseñado una estrategia jurídica en diferentes frentes que tiene por finalidad únicamente tratar de que la administración vuelva lo más pronto posible a nosotros. Es decir queremos recuperar por la vía judicial la empresa.

¿Cuáles son esos frentes de recuperación?

Una parte es la denuncia por prevaricato por acción y parte de la base de que un funcionario del Estado haya tomado una decisión manifiestamente contraria a la ley. Más allá de las inexactitudes que hay en la motivación de la decisión, se toman acciones que están por fuera del marco legal. La primera de ellas, y tal vez de las más relevantes, es que ordenaron remover, no sólo a los administradores (que sería lo usual) sino a los socios, a la asamblea de accionistas, eso es lo más parecido a un fenómeno jurídico que se llama expropiación por vía indirecta.

Hay otra parte que son unas acciones de carácter constitucional porque la tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, está prevista en el ordenamiento y en la jurisprudencia actual.

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Hay que agotar una cosa que se llama la vía gubernativa, que es darle la posibilidad al mismo funcionario (el superintendente Luis Carlos Leal) que corrija. En eso consiste el recurso de reposición que se radicó. Nosotros entendemos que el superintendente no es objetivo en lo que tiene que ver con algún asunto de la compañía y por eso lo hemos recusado.

¿En qué se basan para decir que el superintendente no es objetivo?

Cuando uno revisa sus redes sociales, de varios meses, encuentra una serie de mensajes en X, en donde de manera usual o sistemática se refiere a Sanitas y a Keralty de una manera, por decir lo menos, peyorativa. Cuando uno es un particular y no tiene sino la intención de expresar su pensamiento y su opinión, no hay problema.

Pero cuando ese particular queda investido de función pública, es decir, los nombran en un cargo del Estado con funciones de inspección, control y vigilancia, están en la obligación de poner de presente esas razones de impedimento; el señor Leal no lo hizo. No hay objetividad porque ya hay un prejuicio, hay un preconcepto de esa persona.

¿Para qué recurrirán a instancias internacionales?

Creemos que se está poniendo en riesgo la protección del derecho fundamental a la salud. En ese sentido, daremos traslado al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a la Comisión y la Corte. Pondremos en conocimiento lo que creemos que es una vulneración a ese derecho a la relatora para el derecho a la salud física y mental de la ONU.

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Los inversionistas extranjeros, que están representados en el grupo, están considerando, y de hecho ya se radicó una carta ante el Ministerio de Comercio Exterior, notificar formalmente una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión que resulten aplicables.

¿Cómo sería el proceso de resarcimiento del derecho presuntamente afectado?

Los trámites internacionales en el marco de la protección de la inversión a lo que apunta es a que no se afecte la inversión extranjera en un país como consecuencia de un acto arbitrario del Estado. Si uno llega al escenario del Tribunal de inversión internacional, allí se harán unas pretensiones de carácter indemnizatorio.

¿Confían en los argumentos del gobierno para la intervención? ¿Siguen la misma línea o distan de esta?

Creemos que la argumentación de las cifras que plantea el Gobierno es una una argumentación amañada, que hace parte de lo que nosotros creemos, es una estrategia en la que han participado desde hace varios meses tendiente asfixiar, no solo a la EPS Sanitas, sino al sector.

En cuanto a las cifras, las EPS periódicamente tienen que renovar, su licencia de funcionamiento, su habilitación. Sanitas había hecho ese trámite el año pasado, y en el mes de septiembre de 2023, el Gobierno nos dio la posibilidad de seguir trabajando, es decir, nos renovó la habilitación. Nosotros seguimos manteniendo la prestación permanente de los servicios médicos, no hemos descuidado esa parte. Segundo, no nos apalancamos financieramente en la red.

Hay dos maneras de solventar el déficit de los ingresos en el sistema: o empiezo a pagar a más tiempo a los prestadores o sigo pagando con el transcurso del tiempo con las implicaciones que eso tiene. En nuestro caso, lo primero que se decidió como una política de la EPS, para privilegiar la prestación del servicio médico, era que para no quedar incumplido con la red íbamos a gastarnos la totalidad del patrimonio del accionista.

¿Cómo venía funcionando Sanitas?

Hasta antes de la intervención, a nosotros mensualmente nos giraban dos componentes. Por un lado la UPC y por el otro los presupuestos máximos, que es lo que cubre todo lo que no cubre la prima.

El problema es que la UPC es insuficiente y los presupuestos máximos, hablando en números redondos, nos estaban girando entre $30.000 y $33.000 millones y los gastos en los que incurrimos por presupuestos máximos alcanzaban alrededor de $55.000 millones al mes. Todos los meses teníamos un descuadre. Por un lado, por el presupuesto máximo y por el otro lado porque nos tocaba cubrir el hueco que queda porque la UPC no alcanza.

No era que estuviéramos trabajando con nuestras reservas. Lo que pasaba es que con los giros del UPC cubríamos lo que nos alcanzaba, igual con los presupuestos máximos. Hacíamos uso de la reservas para cubrir el descalce que había por la insuficiencia de la UPC y el mal cálculo de los presupuestos máximos.

¿Cuál es el mensaje para los usuarios?

Llevamos 43 años en Colombia. La intención del grupo no es dejar de hacer presencia en Colombia, sino todo lo contrario. Continuaremos haciendo todo lo que esté a su alcance para poder seguir operando en el país. A nuestros 5,8 millones de usuarios: tengan un poquito de paciencia y la seguridad de que este momento adverso y de dificultad, lo único que genera en nosotros es motivación para seguir trabajando incansablemente para estar al frente de la prestación del servicio.

Frente a usuarios de otras compañías del grupo como pueden ser las empresas de medicina prepagada, pues explicarles con claridad que la decisión de intervención solo tiene efectos sobre la EPS, no tiene efectos sobre ninguna de las otras empresas del grupo.