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Abogados aeronáuticos consideran que el proceso que estudia la Aerocivil podría salvar a la aerolínea 'low cost' de su liquidación
El mercado aéreo está a la espera de que la Aeronáutica Civil dicte su veredicto sobre el proceso de integración empresarial de Avianca y Viva Air, que se estudia desde agosto del año pasado. La ‘low cost’, sumida en una crisis financiera que acapara deudas por más de $4 billones, está ad portas de un salvavidas o de su liquidación.
Juan Felipe Reyes, abogado aeronáutico de Parra Rodríguez Abogados, mencionó que si no se aprueba la integración el escenario para la aerolínea que suspendió operaciones el pasado 27 de febrero no cambiaría mucho. “Al contrario, podría empeorar. Aprobar la integración resulta una luz de esperanza para la empresa”.
Lo anterior se explica porque, a pesar del sometimiento de control que tiene la aerolínea y de la solicitud que se estudia de reorganización empresarial, Avianca sería también responsable en caso de darse la integración, así que adquiriría tanto activos de la compañía como las deudas. No obstante, recalca que, en caso de darse la integración, Avianca tendría que respetar las medidas que recaen sobre Viva Air, incluso el hecho legal de que esté controlada por la Superintendencia de Transporte.
Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados, manifiesta un escenario similar. “En el evento de no aprobarse, todo conduce a que Viva desaparecería en el tiempo, a menos que consiga algún inversionista en los escenarios de reorganización”, apuntó. Aunque aclara que de darse la integración, la aerolínea de bajo costo seguiría controlada, podría darse un escenario distinto para Avianca. “Ya que podría orientar las decisiones y le corresponderá hacer el ‘forcejeo’ con las autoridades”, expresa.
En cuanto al anuncio del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre una posible denuncia penal por estafa contra Viva Air, los abogados coinciden en que es una medida extrema. “Si alguien fuera el director comercial o financiero de una aerolínea, ¿no trataría de salvarla hasta el último segundo? Tal vez nadie sabía cuál iba a ser su último segundo”, considera Reyes.
Márquez Arango expone que incluso sería debatible una sanción administrativa, pero hablar de estafa le parece una medida extrema. “El derecho penal no debería estar para sancionar ese tipo de decisiones. ¿Sería un delito que una empresa decida cerrar su operación por temas económicos? Hablar de un delito es demasiado”, manifestó.
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