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Pese a que Cormagdalena ya anunció un plan de $40.000 millones, que destinará $10.000 millones para hacer tareas de dragado en Barranquilla, el dinero no se empezará a ejecutar hasta tanto no se declare la nulidad del contrato de Navelena, consorcio que fue escogido para recuperar la navegabilidad del río. “Las consecuencias son directas, porque las empresas no pueden sacar los productos. O les toca trasladarlos hasta los puertos de Cartagena y Santa Marta con un aumento de costos en la operación logística. Se afecta toda la cadena”, explicó Diana Casas, directora ejecutiva de Fitac en Barranquilla.
El nivel de calado, según han dicho los gremios de la ciudad, debería estar en 10,4 metros, a diferencia de los 9,1 metros en los que se encuentra. Los empresarios le han pedido al Gobierno que declare una urgencia manifiesta en el sector, que permita el traslado de recursos, pero no podrá suceder hasta que se defina la caducidad o no del contrato con Navelena.
Mientras sucede esto, según César Lorduy, dirigente gremial de la región, “el canal de acceso continuará con los problemas de calado que impiden el normal desarrollo de la actividad portuaria en la región”. El directivo agregó que “la industria de Barranquilla y las empresas de comercio exterior están a la espera de que se termine el contrato con Navelena, lo cual es una verdadera emergencia”.
Según los cálculos de Lorduy, 60% de la actividad industrial y comercial de la capital del Atlántico depende de la carga que se mueve por el puerto. “Barranquilla y su puerto, a diferencia de otros, no es de paso. Aquí la industria y el comercio se afectan porque es el que genera y necesita la carga”, precisó.
Christian Daes, COO de Tecnoglass, aseguró que si bien ellos no se han visto afectados, al usar buques de menor calado, sí han tenido conocimiento de que hay barcos de empresas graneleras y cementeras que han sufrido las restricciones en el canal de acceso.
Alejandro Múnera, miembro de la junta directiva de Fitac, calculó que aunque no hay una forma certera de saber cuál es un “costo modelo”, pues depende de muchas variables como el tipo de carga, los sobrecostos por desviar un buque de Barranquilla a Cartagena puede estar entre US$20.000 y US$40.000.
El año pasado, Barranquilla movió 10,6 millones de toneladas, una reducción de 6% en comparación con 2015. Los empresarios de la región, agrupados en el Comité Intergremial del Atlántico y Asoportuaria, ya le enviaron una carta a Luis Fernando Andrade, director de la ANI, con las estrategias que se deben incluir en la nueva APP para el río Magdalena.
La opinión
Diana Casas
Directora Ejecutiva de Fitac en Barranquilla
“Las pérdidas afectan a todos, pero quien finalmente termina pagando esos sobrecostos son los exportadoresy los importadores”.
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