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La Corte Constitucional admitió para su estudio una segunda demanda que busca tumbar el IVA de 5 % a los tampones y toallas higiénicas, por ser un producto que las mujeres deben usar por el solo hecho de ser mujeres, que implica un gasto adicional y que violaría el derecho a la igualdad.
Se trata de una demanda presentada por Erika Natalia Moreno Salazar y Mario Alejandro Valencia, entre otros, que busca tumbar un apartado del artículo 175 de la Ley 1819 de 2016, al considerar que dichos productos debieron quedar excluidos del IVA pues no habría justificación alguna para su impuesto ya que esto desfavorece a las mujeres, en razón de su sexo.
“Soportan una carga desproporcionada que afecta el mínimo vital, puesto que deben sacrificar otras necesidades básicas para poder adquirir dichos productos”, dice la demanda que considera igualmente dicho impuesto como discriminatorio.
“Se impone a un producto de uso específico, esencial y no sustituible, de obligatorio usa para las mujeres, y por ello contraviene el principio de igualdad ya que las niñas y mujeres debemos soportar una carga económica, que no debe ser soportada por los hombres”, agrega.
La demanda, igualmente, argumenta que este impuesto en la reforma tributaria del año pasado vulneró los derechos de las mujeres y el principio de progresividad porque los productos de higiene menstrual no tenían IVA en la Ley 2488 de 1998.
La demanda fue aceptada por el magistrado Antonio José Lizarazo, quien solicitó pronunciamientos al respecto al Ministerio de Hacienda, de Justicia, a la Secretaría Jurídica de Presidencia, a Dejusticia, la Organización Women’s World Link, a Sisma Mujer, la DIAN, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y a varias facultades de Derecho.
Esta demanda se suma a otra que presentó Danilo Andrés Virviescas Ibarguen, con argumentos similares, que cursa en el despacho de la magistrada Gloria Ortiz.
No obstante, el magistrado Lizarazo suspendió los términos de esta segunda demanda puesto que la Corte Constitucional priorizó el estudio de los decretos expedidos por el Gobierno para reglamentar el Acuerdo de Paz.
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