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El lío comenzó cuando a finales de abril la Corporación Autónoma Regional de Orinoquía (Corporinoquía) interpuso ante ese tribunal una acción popular alegando que por falta de estudios técnicos se podrían afectar las aguas subterráneas cercanas a Yopal.
De acuerdo con información de la entidad, “en principio se realizó una reunión con la empresa Gran Tierra para mostrar el tipo de afectación. Sin embargo, al no tener ninguna respuesta, se interpuso una acción legal ante el tribunal con el fin de imponer medidas cautelares de control para el desarrollo del proyecto la Prosperidad 1 (pozo que forma parte de El Portón)”.
Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, este episodio va en contra del debido proceso; esto, porque al ser Corporinoquía una entidad gubernamental, y parte del sistema nacional, esos trámites deben dirigirse a la Anla (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) con el fin de que allí se determine si se pueden cambiar licencias ambientales o no”.
Y fue precisamente por eso que, tras varias semanas en el proceso, a principios de mayo el tribunal ordenó a la compañía petrolera detener sus operaciones. Esto, tras encontrar que las perforaciones podrían afectar la planta de tratamiento de agua de Yopal, la cual ha tenido fallas desde 2011.
Sin embargo, por medio de un comunicado, Gran Tierra Energy argumentó que “la evidencia enviada a las agencias del Estado demostró que la perforación propuesta del pozo no afectaba el abastecimiento de agua de Yopal”.
De esta manera, la compañía continuó operaciones hasta el jueves pasado, cuando anunció que tras frenar sus actividades tendría un despido masivo a los contratistas.
Sobre este hecho, Lloreda hizo un llamado de atención y aseguró que “el cierre de operaciones genera un despido masivo de empleados y contratistas y, en algunos casos, disminución en la inversión social del departamento”.
De acuerdo con información de la compañía, el proyecto El Portón tuvo una inversión de aproximadamente US$9 millones, incluyendo estudios ambientales e hidrológicos.
Se espera que en dos o tres meses el Tribunal Administrativo de Casanare dé una respuesta final para verificar si efectivamente Gran Tierra Energy debe solicitar una nueva licencia ambiental que le permita continuar operaciones en esa zona.
¿Qué viene para Gran Terra?
La compañía se mantendrá en el desarrollo y perforación de reservas locales. Por eso, tras el cese de operaciones, Gran Tierra analiza la perforación de entre nueve y 12 pozos exploratorios durante 2017. Incluso, uno de ellos ya fue instalado en el Putumayo y se encuentra en funcionamiento.
La operación local de Gran Tierra Energy
Durante 2016, la compañía petrolera Gran Tierra Energy tuvo una producción de 9,2 millones de barriles de petróleo, los cuales corresponden a la explotación de cuatro puntos que tiene en Putumayo, Yopal y el Magdalena Medio. Durante el cuatro trimestre del año pasado, la empresa registró un aumento de 34% en la participación efectiva de la explotación (W.I.), en comparación con los resultados del mismo periodo de 2015. Se prevé que para los próximos tres años la compañía explore entre 30 a 35 pozos.
La opinión
Francisco Lloreda
Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo
“El cierre de operaciones genera un despido masivo de empleados y contratistas; y en algunos casos, disminución en la inversión social”.
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