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Ante esto, fue la misma Corte la que dio a conocer en la mañana de ayer que la compañía minera estaría obligada a pagar cerca de $700 millones por los exámenes médicos a poblaciones de Montelíbano, Córdoba.
El hecho fue aplaudido por ambientalistas y por los mismos indígenas que presentaron la reclamación. Sin embargo, Cerro Matoso de inmediato emitió un comunicado en el que aseguró que esa acción fue solicitada por la propia junta de Cerro Matoso S.A..
La empresa informó que fue una petición formal “en visita de inspección que tuvo lugar los días 4 y 5 de diciembre de 2014; dado que los tutelantes reclamaban afectaciones a su salud sin ninguna prueba de las mismas o que se relacionaran con las actividades de la compañía”, aseguraba el comunicado.
Por lo pronto, la compañía ya aceptó que sufragará los costos de los exámenes médicos. Estas muestras están a cargo de Medicina Legal con un plazo de seis meses y tienen como fin determinar si existen laceraciones en la piel de la población, así como problemas visuales y respiratorios a causa de la contaminación por la operación minera.
Con esta medida, la entidad podrá continuar con el desarrollo de sus negocios y las operaciones dentro del territorio colombiano
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