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Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra
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El caso tiene como eje el préstamo por 53 millones de euros (US$61 millones) otorgado en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
En la mañana de este jueves 11 de diciembre, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Udef, realizaron un registro en la sede de la aerolínea Plus Ultra, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero. La diligencia revive las dudas en torno al apoyo estatal que la compañía recibió durante la pandemia.
El caso tiene como eje el préstamo por 53 millones de euros (US$61 millones) otorgado en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi, mecanismo diseñado para respaldar empresas consideradas estratégicas y golpeadas por la crisis sanitaria.
En su momento, la asignación generó una fuerte polémica: críticos argumentaron que la empresa no demostraba la solvencia necesaria ni encajaba en la categoría de estratégica. A ello se sumaron señalamientos sobre la presencia, en la estructura accionaria, de empresarios venezolanos con cercanía al régimen de Nicolás Maduro, quienes serían puente con figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Cilia Flores.
El frente judicial se originó en 2021, cuando el partido Ciudadanos presentó ante el Tribunal de Cuentas una denuncia para que se determinara si en el rescate hubo un posible “menoscabo de fondos públicos”, concepto que apunta al uso indebido, desvío o apropiación de recursos estatales por parte de autoridades o terceros.
En el marco de esta nueva fase de la investigación, el dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la compañía, Roberto Roselli, han debido comparecer ante el juez. Roselli incluso fue detenido durante el operativo.
Pese al avance del proceso, la aerolínea informó que su operación continúa con normalidad y que los vuelos programados no han sufrido alteraciones.
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