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Para ese entonces el Cúcuta ya cargaba con tres años de proceso de reorganización que parecían no dar los resultados esperados. Hasta que el pasado miércoles, el equipo logró dos acuerdos con acreedores. El primero con la Gobernación de Norte de Santander para pagar $700 millones y otro con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales para cancelar $2.144 millones en 60 meses. La reacción de Bolívar en ese momento, se comentó, fue un gesto de reproche frente a los malos manejos que llevaron al equipo a la B.
Cuando el Cúcuta fue admitido en proceso de reorganización por cuenta de la Superintendencia de Sociedades, tenía un pasivo de $17.491 millones. A septiembre de 2015 la situación no mejoraba, pues el equipo reportó que su pasivo total estaba en $17.240 millones. “Es cierto que el equipo ha avanzado en cosas, pero en otras no. Uno de los aspectos que más afecta al Cúcuta tiene que ver con las deudas contractuales. Hay contingencias que se están materializando en condenas y cada vez van a ir llegando más”, aseguró Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.
Juan Carlos Paredes, representante legal del Cúcuta Deportivo, aseguró en la audiencia del miércoles que los pagos a los acreedores se han hecho paulatinamente. “Los acreedores han tenido la paciencia suficiente para recibir sus pagos; gracias a esto logramos seguir adelante con el Cúcuta. El plan de pagos de un año se ha dado y ahora esperamos seguir con los demás”.
Por ahora, un acuerdo de venta de los mayores accionistas del club entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía y la Dimayor, (en una transacción tasada en US$10 millones), además del acuerdo con los acreedores, se convierten en las salvaciones del equipo que tuvo su mejor momento en 2006, cuando salió campeón del torneo nacional.
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