Sector de la seguridad advierte de las afectaciones por las nuevas normativas del Gobierno

Recientemente el Gobierno Nacional generó un proyecto de ley que generan una modificación de la estructura tarifaria, además de una calculadora salarial, de la Superfinaciera, para las empresas del gremio, factores que han sido rechazados por las compañías del sector y el gremio Fedeseguridad.

Raquel Garavito Chapaval, presidente de Fedeseguridad, advirtió que le sector de la seguridad se ve afectado por una “estigmatización del Gobierno al decir que existen relaciones con el paramilitarismo, además de retrasos en trámites desde hace más de cuatro años y un nuevo proyecto de ley que plantea tarifas por debajo del piso mínimo que exige la ley para cubrir los salarios”.

Garavito agregó que esta medida “promueve la informalidad y pone en riesgo las garantías laborales de miles de trabajadores. Desde Fedeseguirdad, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, porque Colombia necesita un sector de seguridad privada que sea formal y sostenible, por lo que debilitarlo no solo afecta a las empresas, sino también a los usuarios, trabajadores y seguridad”.

Unos de los puntos mencionados por la presidente de Fedeseguridad es la supuesta estigmatización que ha hecho el Gobierno Nacional, en la que se ha equiparado al sector formal con estructuras paramilitares sin soporte probatorio, lo que afecta a la reputación de las personas y las empresas del sector.

Otro aspecto que reclaman es una “parálisis institucional” que impide a miles de trabajadores obtener sus acreditaciones en tiempos razonables, el promedio es de 391 días por trámite, con casos de hasta 1.348 días, al punto de que han sido detenidos en operativos cuando la demora es responsabilidad exclusiva del Estado.

A esto se suman dos decisiones recientes adoptadas sin socialización previa, sin el debido proceso y con evidentes deficiencias técnicas que es la calculadora salarial, “cuya falta de rigor y veracidad técnica ha generado pánico injustificado entre trabajadores y empresas, extralimitándose en las funciones del ente regulador”, dijeron.

Además, está la modificación de la estructura tarifaria que, que “carece de los mismos requisitos de proceso”, promueve en la práctica una ruptura del modelo de negocio y omite en su cálculo el impacto del nuevo lunes festivo creado por ley.

Explicaron que detrás de cada empresa que no puede sostenerse hay trabajadores que caen en la informalidad, ya que más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años con su primer contrato formal, en un país donde la desocupación juvenil supera 17%; más de 112.000 mayores de 45 años que el mercado convencional excluye en silencio; cerca de 80.000 mujeres, muchas cabezas de familia; y familias en municipios intermedios y zonas rurales donde este sector es frecuentemente el único empleador formal de escala.

“Cuando el sector formal se debilita, el vacío lo ocupa la vigilancia ilegal, sin contratos, sin prestaciones y sin garantías para nadie. Las medidas actuales no protegen al vigilante. Lo desprotegen”, enfatizaron.