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Puntos de los hallazgos de Acemi.
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Ana María Vesga, presidente del gremio, argumenta inconsistencias en las cifras, los conceptos y falta de claridad en la metodología
El pasado lunes 8 de abril, la Contraloría General de la República, dio a conocer un informe preliminar sobre supuestas irregularidades en los recursos que fueron girados a las EPS por el Estado entre 2019 y 2021. Uno de los hallazgos más importantes fue el aparente detrimento patrimonial de $9,2 billones.
“Las EPS y el Gobierno tenemos una discusión sobre la insuficiencia de la UPC. Más de 130 EPS se han liquidado en Colombia sin cancelar a los proveedores”.
“Hemos advertido de forma respetuosa y con ánimo constructivo que observemos dificultades en la metodología de los informes entregados por la Contraloría”.
En respuesta a las cifras y el documento, Ana María Vesga Gaviria, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral , Acemi, reveló un escrito en el que se alegan inconsistencias en el estudio de la Contraloría. A través de 24 puntos, el gremio dirigió los argumentos al contralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga.
“Con base en el ‘Informe preliminar Actuación especial de fiscalización con enfoque financiero 25 EPS‘ divulgado por la Contraloría, queremos compartir con usted las conclusiones del análisis de la información divulgada por la entidad, que ha dado lugar al anuncio de la Fiscalía de dar inicio a actuaciones penales con nuestras agremiadas”, dijo Vesga.
Sobre el informe preliminar, Acemi dijo que se trata de una presentación de PowerPoint que no está soportada por un documento escrito y no hace las veces de informe definitivo, sino provisional. “Al momento de su divulgación ante las autoridades, las EPS auditadas no habían dado respuesta a los presuntos hallazgos”, se puede leer en el escrito. Uno de los puntos más importantes que encontró el gremio fue que la Contraloría consultó un Plan Único de Cuentas contenido en un proyecto de resolución de 2016, el cual no fue expedido y no contiene la clasificación contable. En su lugar, aseguran que hay un Plan Único de Cuentas vigente en la Supersalud que no fue consultado para el informe.
“Una vez revelado el informe preliminar de la auditoría y notificadas las EPS para que ejercieran su derecho a la contradicción y defensa, se hizo evidente la discordancia entre las conclusiones a que llegaba el informe y el reporte realizado previamente”, escribió Vesga. Otro de los argumentos de Acemi en torno al informe es que, una vez publicado, no coincidían los valores de los resultados con los valores que estaban en las comunicaciones enviadas a las EPS para ejercer el derecho a la defensa. Lo mismo pasó, según Acemi, con los conceptos del informe y lo que fue enviado a las EPS para la apelación.
Acemi apuntó a que hubo irregularidades en la suma de algunas cifras, como la de EPM, lo que afectaría la el valor final del presunto detrimento de los recursos por $9,3 billones.
Varios puntos del documento señalan que “la hipótesis que respalda el estudio, según la cual se produjo una reducción de las frecuencias de uso de los servicios de salud no es cierta”. Vesga sostiene que esto solo ocurrió en 2020 y la caída fue compensada por un incremento en el costo medio de atención.
Otros puntos señala falta de claridad en la metodología usada para calcular utilidades operacionales, además de no especificar cómo se analizaron los costos y gastos hechos por terceros a las EPS. “Creemos que la relación entre vigilante y vigilado debe contar con espacios que mejoren el flujo de información”, dijo Vesga.
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