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En un comunicado la administración de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) condenaron los atentados contra la infraestructura petrolera ocurridos en las últimas semanas que han causado un grave daño ambiental y social en cuatro departamentos del país, y que han sido atribuidos a los grupos al margen de la ley.
“Los trabajadores de la empresa sin distingo de nómina exigen el cese inmediato de los ataques que ponen en riesgo la vida de funcionarios directos, contratistas y personas de las comunidades que laboran y viven alrededor de las operaciones de la industria en Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Arauca”, dice el comunicado.
También insiste en que Ecopetrol y la USO consideran inaceptables estos hechos que atentan contra la población civil, especialmente comunidades vulnerables; impiden el acceso a servicios públicos esenciales como el agua; violan el derecho a la vida, el trabajo, la libre movilización; y afectan el medio ambiente en zonas que son reconocidas por ser unas de las más ricas en biodiversidad del mundo.
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Esta norma está expresada en el artículo 84 del texto que fue conciliado para radicarlo esta semana en Cámara de Representantes
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