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En un comunicado la administración de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) condenaron los atentados contra la infraestructura petrolera ocurridos en las últimas semanas que han causado un grave daño ambiental y social en cuatro departamentos del país, y que han sido atribuidos a los grupos al margen de la ley.
“Los trabajadores de la empresa sin distingo de nómina exigen el cese inmediato de los ataques que ponen en riesgo la vida de funcionarios directos, contratistas y personas de las comunidades que laboran y viven alrededor de las operaciones de la industria en Norte de Santander, Nariño, Putumayo y Arauca”, dice el comunicado.
También insiste en que Ecopetrol y la USO consideran inaceptables estos hechos que atentan contra la población civil, especialmente comunidades vulnerables; impiden el acceso a servicios públicos esenciales como el agua; violan el derecho a la vida, el trabajo, la libre movilización; y afectan el medio ambiente en zonas que son reconocidas por ser unas de las más ricas en biodiversidad del mundo.
Actualmente, Jaime Andrés Uribe, gerente de la entidad, está en el centro de los cuestionamientos por este hecho
La operación hace parte de un paquete anunciado por US$842 millones y respaldará medidas para ampliar la oferta de energía, facilitar conexiones y fortalecer la cobertura rural
Los aportes de agua marcan mínimos históricos y la generación térmica solo ha cumplido la meta en una fracción de los días desde que se activó la medida de la Creg