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De acuerdo con la entidad, los más de mil docentes buscaban tener un mayor valor de pensión a través de una reliquidación con certificaciones falsas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y que alcanzaban un sobresueldo de 20%.
La pesquisa de la Ugpp llevó a pedir la verificación a la Secretaría de Educación de 2.437 certificaciones y que a la fecha han tenido respuesta de 1.086 certificados (con 98% de las solicitudes falsas). Adicionalmente la entidad denunció que 91% de los trámites de solicitud de pensión de los docentes fueron realizadas por cuatro abogados.
Por su parte, la Secretaría de Educación informó que en 2014 y lo corrido de 2015 ha concedido un reajuste a 1.152 profesores. La Ugpp encontró que de ese reajuste 194 docentes aportaron certificados falsos. La directora Gloria Cortés señaló que “solo 13 casos se han atendido por orden judicial. El resto hicieron su trámite con documentación falsa. Estamos hablando que, en promedio, el reajuste de la mesada estaría entre $300.000 y $400.000 más por cada pensión. Nosotros estimamos que en este grupo que está en nómina, que son 521, nos da un detrimento de $11.000 millones”.
Los docentes que hayan recibido este reajuste y haya aportado documentos falsos deberán devolver el dinero. Los cuatro abogados que llevaron la mayoría de procesos de pensión de estos docentes son ex funcionarios de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal). “Nosotros estamos haciendo un estudio para que las personas falsificaron pierdan la pensión gracia”, agregó Cortés.
La entidad dijo que es clave preservar la confianza de los financiadores e inversionistas, además que deberían aprovechar más las iniciativas privadas
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