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Ocho congresistas radicaron una ponencia de archivo que frenó el proyecto sin siquiera ser discutido en la Comisión Séptima, lo que generó tensión entre Gobierno y legislativo
El Senado hundió la reforma laboral luego que ocho integrantes de la Comisión Séptima radicaran una ponencia de archivo para frenar la normativa antes de iniciar su tercer debate en el Congreso. Dicha ponencia fue firmada por los siguientes congresistas: Miguel Ángel Pinto, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo.
Ante este hundimiento de la laboral y la posibilidad de que la reforma a la salud corra con la misma suerte, el presidente Gustavo Petro anunció ayer en la noche que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo el que decida”. Explicó que esta es la figura que ofrece la Constitución y que permite que el pueblo decida directamente.
“El Gobierno convoca una consulta popular para decidir la reforma laboral y la reforma a la salud, es una decisión del Gobierno”, dijo Petro desde la Casa de Nariño. También convocó a una movilización popular, acción que dijo debe comenzar de inmediato para romper lo que llamó el “bloqueo institucional” que le están haciendo al Gobierno Nacional.
En medio del anuncio, Petro aseguró que la Comisión Séptima busca hundir la reforma laboral, que según destacó solo planteaba “pagar un poco más” por horas extras y trabajo en festivos, permitir licencias menstruales y garantizar contratos a término indefinido para funciones misionales. “Eso es lo que ha querido hundir la Comisión Séptima con engaños”, indicó. Agregó que la mayoría de sus miembros decidieron “engañar al Gobierno, a la Cámara de Representantes y al pueblo trabajador de Colombia”.
La consulta popular es un mecanismo de participación contemplado en el artículo 103 de la Constitución, en el que se contempla esta figura como un ejercicio de la soberanía del pueblo. La consulta consiste en entregar una pregunta de carácter general para que los ciudadanos se pronuncien mediante las urnas. Sus resultados son de obligatorio cumplimiento.
“No debatir es acabar la democracia. Hay una dictadura de un establecimiento que quiere burlarse del voto popular y el estallido social que ocurrió en 2022”.
“No es posible que la reforma laboral se radique vía decreto porque tiene modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo que deben debatirse ante el Poder Legislativo”.
Diversos líderes de diferentes sectores reaccionaron a la propuesta de Petro. Uno de ellos fue José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien aseguró en su cuenta de X: “Ni le alcanzan los tiempos, ni tiene sentido hacer una consulta popular sobre el tema porque es un articulado técnico donde no cabe una pregunta única o una pregunta que no de lugar a dudas en la respuesta y francamente es mejor ese dinero a programa sociales efectivos”.
Para el abogado Julián Quintana, el presidente Petro no puede someter a consulta popular los proyectos de ley de reforma a la salud y laboral, pues “el artículo 52 de la Ley 134 establece: ‘No podrán ser objeto de consulta popular proyectos de articulado’. Ante la falta de resultados quiere ponerle un cuchillo en el cuello a los congresistas para aprobar a la fuerza sus nefastas reformas, al mejor estilo de un dictador”, indicó Quintana.
La senadora Natalia Blel destacó que esta decisión no es política, sino técnica, además destacó que la búsqueda del hundimiento se hizo luego de establecer audiencias y mesas técnicas en cada uno de los partidos políticos. “Consideramos que es inconveniente para Colombia. Esta es una decisión de carácter técnico, no político, ya que esta reforma no fomenta el empleo, ni combate la informalidad y no concilia entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del país. Esta comisión seguirá actuando con responsabilidad e independencia”, dijo la senadora.
El senador Honorio Henríquez, destacó que la radicación de la ponencia de archivo se hizo atendiendo el clamor de los colombianos. “El Banco de la República estima que se perderían alrededor de 500.000 empleos si se aprueba la reforma laboral”, advirtió el parlamentario luego de radicar la ponencia de archivo.
Insistió que esta reforma no combate la informalidad y que, por el contrario, se trata de un proyecto retrógrado que no mejora las condiciones laborales actuales del país.
Entre los cambios más criticados que tenía el proyecto se encontraba la ampliación de la jornada nocturna, la extensión gradual de la licencia de paternidad, los ajustes en la remuneración de domingos y festivos, las condiciones de los contratos a término fijo, obra labor y de prestación de servicios, entre otros. El proyecto de ley pretendía que el horario nocturno comenzara a partir de las 7:00 p.m. Mientras que la ampliación gradual de la licencia de paternidad pasaría a ser de tres semanas en 2025 y en 2026 alcanzaría las cuatro, dictaba el articulado.
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