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Las cifras más recientes de empresa prestadora de salud mostraban deudas por $800.000 millones sin embargo, se cree que para esta nueva actualización podrían alcanzar los $1,2 billones más los $1,7 billones de una sanción impuesta por la Contraloría a los directivos de la compañía por desvío de recursos.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria confirmó que la resolución de la liquidación ya fue firmada y ya está en marcha el proceso. Además, explicó el crédito financiero que otorgará el Fosyga, por un monto de $200.000 millones, será girado a los hospitales y las clínicas de Cafesalud "con el objetivo de generar confianza y que se pueda ir consolidando la red de atención".
El funcionario añadió que "una vez se haya estabilizado la operación de Cafesalud, se debe buscar un oferente que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Gobierno".
Según el Ministerio, los afiliados a la EPS Saludcoop seguirán siendo atendidos en los mismos puntos, debido a que Cafesalud tiene contratos disponibles para garantizar el servicio a los usuarios.
En cuanto a los trabajadores, Gaviria dijo que los directos de la EPS, que son cerca de 400 personas, les serán respetados sus derechos laborales: algunos serán trasladados a Cafesalud, otros continuarán en la EPS Saludcoop en liquidación y otros serán cesados con todas las garantías.
Jaime Arias, presidente de Acemi, manifestó que Cafesalud ha funcionado muy bien, por lo que no sería un problema manejar los nuevos afiliados. Sin embargo, dijo que la experiencia de Colombia muestra que las EPS tienen un límite de población que estaría entre los 3 y 4 millones de afiliados.
La intervención ha sido defendida por el Gobierno y por el interventor Guillermo Grosso, quien ha destacado cómo se pasó de perder $45.000 millones mensuales, en 2011, a tener una pérdida acumulada en el primer trimestre de este año de $8.000 millones.
Sin embargo, la cartera sigue siendo el gran desafío. Según las cuentas de Grosso, la deuda mayor a 60 días asciende a $600.000 millones, que alcanzan los $800.000 millones si se añade la deuda corriente. Carlos Acero, presidente de Confecoop, consideró que con la intervención terminó siendo “peor el remedio que el supuesto mal” y la calificó como un desastre. “No solamente se deterioró la calidad del servicio, la atención a la gente, sino también la infraestructura que había creado la EPS cooperativa y se excluyó el patrimonio”, dijo.
El ingreso de la SuperSalud, en 2011, se justificó tras una visita a la entidad en la que encontró una cartera vencida por más de $370.000 millones, a pesar de que la EPS había reportado $109.000 millones.
Adicionalmente, el órgano de vigilancia se estrelló con diferencias en el reporte de las inversiones por cerca de $5.000 millones, respecto al valor suministrado por SaludCoop. Desde ese momento, se ordenó la separación de Carlos Palacino, representante legal y cabeza del grupo cooperativo.
A las cuentas pendientes de la empresa, también hay que sumarle la condena fiscal que emitió la Contraloría, en noviembre de 2013, en contra de Palacino y 15 funcionarios más. El órgano de control determinó un detrimento patrimonial por $1,4 billones, porque encontró una gestión fiscal que calificó como “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna”.
La Contraloría determinó que los recursos parafiscales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los recobros ante el Fosyga, los ingresos provenientes de las cotizaciones obligatorias de salud, entre otros, fueron desviados en beneficio de la empresa y de las compañías asociadas. Con el dinero, siempre, según la investigación de la Contraloría, la EPS tuvo un crecimiento corporativo a través del desvío continuo del dinero mencionado, en gastos como honorarios o viajes.
Ahora, el Gobierno está próximo anunciar cuáles serán las últimas medidas de cara al mes y medio que le queda a la intervención.
También corre una investigación penal
A la par del trabajo que ha realizado la SuperSalud y la Contraloría General, también se adelantan investigaciones penales y disciplinarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, respectivamente. Respecto a la primera, Palacino ha rendido interrogatorios, mientras que la segunda entidad lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por 18 años y le impuso una sanción de $56 millones, por ser un particular que tenía a cargo el manejo de recursos públicos. En marzo, la Procuraduría anunció una nueva investigación.
Las opiniones
Carlos Acero
Presidente de Confecoop
“El tema no era de una EPS, el tema es estructural del sistema integral de salud. El Gobierno ya ha reconocido que es así”.
Jaime Arias
Presidente de Acemi
“La intervención ha sido muy prudente, no estaría seguro que toda haya sido buena. Pero el problema general es de todo el sistema”.
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