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Luego de las elecciones presidenciales de 2010, en las que organismos de control y ONG evidenciaron que el programa Familias en Acción había sido utilizado para fines electorales, se buscó que no hubiera ningún tipo de discrecionalidad en la asignación de los recursos.
Para esto en 2012, se tramitó un proyecto de ley en el Congreso, de autoría del senador Juan Lozano, en el que se buscaba que Familias en Acción se convirtiera en una política de Estado.
Con esto, de acuerdo con el congresista, se logró fijar unos parámetros objetivos para limitar la discrecionalidad. Explicó que antes, como el programa no tenía ley, “se podía decidir mañana aumentar 100.000 familias o pasado quitar medio millón, entonces se fijaron condiciones generales de permanencia para así proteger a las madres”. De esta manera, se garantizó que las madres no tuvieran que depender de ningún político para recibir los subsidios y, por el contrario, todas las que cumplan con los requisitos tienen derecho al beneficio. Además, con la ley se define que este programa de transferencias condicionadas es permanente y un derecho de los beneficiarios.
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