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Trabajadores de la Electrificadora de Santander anunciaron que se van a huelga
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De los 681 trabajadores afiliados a Sintraelecol en Santander, un total de 556 votaron a favor de la huelga, mientras que una minoría se inclinó por acudir a un tribunal de arbitramento
La tensión laboral en el sector energético de Santander llegó a su punto más alto este fin de semana. Los trabajadores de la Electrificadora de Santander, Essa, la cual es filial del Grupo EPM, aprobaron irse a huelga tras una votación mayoritaria realizada en Asamblea General, un proceso que contó con la supervisión de delegados del Ministerio del Trabajo.
De los 681 trabajadores afiliados a Sintraelecol en Santander, un total de 556 votaron a favor de la huelga, mientras que una minoría se inclinó por acudir a un tribunal de arbitramento.
La decisión fue adoptada este sábado 7 de febrero por las cinco subdirectivas sindicales con presencia en Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.
De acuerdo con la ley laboral colombiana, tras esta votación los trabajadores cuentan con un plazo máximo de 10 días para notificar formalmente a la empresa y al Ministerio del Trabajo la denominada “hora cero”, que marcaría el inicio oficial de la huelga.
La huelga podría afectar el servicio de energía eléctrica para más de 6.000 usuarios en Santander, en un contexto en el que no se logró un acuerdo durante la etapa de negociación directa entre el sindicato y la empresa. Este conflicto pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la continuidad de los servicios públicos esenciales y los derechos de los trabajadores del sector.
Cabe recordar que el pasado 3 de febrero, el Ministerio del Trabajo decretó medidas preventivas y cautelares contra la Electrificadora de Santander, tras el fracaso de las negociaciones y ante presuntas presiones para impedir que los trabajadores ejercieran su derecho constitucional a la huelga. Estas medidas buscaron garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales en medio del conflicto.
Desde Sintraelecol, los trabajadores han señalado que sus exigencias apuntan al cumplimiento de derechos laborales fundamentales, como los ajustes salariales conforme a los incrementos legales del salario mínimo, el respeto a la progresividad laboral y al cumplimiento de los acuerdos colectivos firmados en 2023.
También reclaman mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente para el personal que labora en plantas, redes eléctricas y transformadores. Aunque advierten que la huelga no es su objetivo final, aseguran que se trata del último recurso ante lo que consideran incumplimientos reiterados, en un conflicto que ahora queda bajo la atención del Gobierno Nacional y los organismos de control.
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