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Además ordenó el pago de un arriendo temporal a los propietarios, arrendatarios y poseedores de los 16 edificios evacuados.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decretó el proceso de embargo a los bienes de la firma Constructores Quiroz Ruiz de Cartagena y ordenó el pago de un arriendo temporal a los propietarios, arrendatarios y poseedores de los 16 edificios que fueron evacuados por riesgo de desplome en Cartagena (Bolívar).
De acuerdo con la SIC, el monto a reconocer y pagar mensualmente a los afectados, por arriendo, será del 1% del avalúo comercial de cada inmueble, pagaderos de forma anticipada y dentro de los cinco primeros días de cada mes, y deberá cancelarse a partir de la fecha de la evacuación del inmueble y hasta tanto permanezcan las condiciones que dieron origen a la presente orden.
La Superindustria señaló que en el evento de que los constructores responsables incumplan su obligación de pagar los subsidios de arrendamiento, será la alcaldía de Cartagena, con fundamento en la declaratoria de calamidad pública y/o de desastre, la que asuma el pago de un subsidio mensual de arriendo temporal de hasta por 250.000 presos al mes, siguiendo los criterios y el procedimiento establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La medida se da por garantizar de manera preventiva los derechos a la seguridad y a recibir productos de calidad de los propietarios, residentes y arrendatarios de los inmuebles afectados, para mitigar el riesgo advertido en la declaración de calamidad pública realizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena.
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la resolución 6728 del 2 de febrero de 2018, decretó el embargo preventivo de bienes inmuebles de propiedad de Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y María de las Nieves Quiroz Ruiz en aras de brindar una protección efectiva a los consumidores que se pudieron ver afectados.
Según Fenalco, las medidas buscan corregir distorsiones del mercado y mejorar las condiciones de competencia para los comerciantes colombianos
El mecanismo articularía en un solo esquema los beneficios tributarios y las garantías de estabilidad jurídica para quienes inviertan en el país.
El análisis, según el Gobierno, identificó 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de $3,2 billones y más de 109.000 quejas desde 2024.
