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El CNG le solicitó que el país conozca de manera definitiva cómo se financiará el hueco fiscal de $12,5 billones del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2015. Ayer, el PGN fue aprobado por las Comisiones Económicas Conjuntas en primer debate, por un monto de $216,15 billones. La ley de financiamiento que cubrirá ese faltante aún no ha sido radicada, y se espera que la próxima semana se ponga a consideración del Congreso.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho que este proyecto busca aplazar el desmonte del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o 4x1.000 y mantener el impuesto al patrimonio, con aumento en sus tarifas ahsta 2,25% para los próximos 4 años. Frente a las necesidades de gasto que se vienen por el posconflicto y los mismos programas de Gobierno, los empresarios lanzaron una propuesta a la problemática fiscal.
El Consejo señala que dicha problemática se debe dividir en dos. Primero, la Ley de Financiamiento debe hacer referencia exclusiva al desbalance fiscal de 2015. Para responder por estos gastos el CGN propone:
1. Aplazar por un año más el desmonte del 4x1.000
2. Crear una sobretasa al impuesto de renta por un año para financiar el resto del faltante.
El segundo camino está dirigido al análisis estructural de las cuentas fiscales. Los empresarios piden un sistema normativo tributario simple, equitativo, que garantice los menores niveles de evasión y con bases gravables más amplias. Solicitan además atacar la evasión, la cual según el Gobierno asciende a más de $20 billones; que se mejoren las líneas de comunicación para denunciar casos de contrabando, informalidad. Igualmente, como lo ha planteado el Gobierno, piden que se penalice la evasión.
El Consejo señala que en los últimos cuatro años se ha visto una clara tendencia creciente en el gasto púbico, la cual ha acumulado una tasa de 40%. Las dos reformas tributarias llevadas a cabo no fueron suficientes para los empresarios. Aún no son claras las cuentas de cuánto costará el posconflicto, por lo que hacen un llamado a que se cuantifiquen y se evalúen los gastos corrientes del Gobierno.
La propuesta apunta a esa reforma tributaria integral que se busca. Para eso indican que se cree una comisión de expertos del sector público y privado para que presente un plan dentro de los próximos seis meses.
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