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El Gobierno asignó $2,46 billones para saneamiento básico y municipios y distritos
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Según DNP, regiones como la Pacífico, Orinoquía, Amazonía, San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen prioridad de recursos
Quizá ha escuchado protestar a los gobernadores por los recursos que les asignaron del Sistema General de Participación.
Alrededor de este tema han girado discusiones, principalmente, cuando hay desastres naturales o protestas que sacan a la luz las necesidades de las comunidades más vulnerables de los municipios.
Por ejemplo, la reciente tragedia en Chocó, cuando un deslizamiento registrado en la vía Quibdó-Medellín dejó 33 personas muertas; las inundaciones de 2010 en Atlántico; y lo que ocurre a diario en La Guajira, con los servicios básicos.
Los gobernadores han sido reiterativos en afirmar la necesidad de que las regiones tengan independencia en el manejo de los recursos, para ser invertidos en las necesidades de comunidades olvidadas. Por ello, es necesario repasar sobre lo que realmente es el SGP, una de las principales fuentes de recursos en los municipios y distritos, los cuales permiten el financiamiento para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
Desde el Departamento Nacional de Planeación destacan que aún no se logran cerrar las brechas sociales entre municipios. Priorizando las periferias donde aún hay precariedad.
De acuerdo con el Gobierno, este sistema busca minimizar las diferencias sociales, con énfasis en la descentralización para el desarrollo económico y social.
“Se debe crear una mesa de desarrollo técnico de un proyecto de ley que se debe presentar al Congreso con el propósito de dar curso a las sesiones que correspondan para reformar el SGP”.
“La descentralización es un gran activoy necesitamos volver a su espíritu ysu letra, para llegar a donde no hemos llegado con participación ciudadanay reconocimiento de la diversidad”.
Es importante anotar que los recursos totales están por el orden de $2,46 billones, distribuidos en cuatro sectores, a saber: 58,5% en educación; salud, con 25,4%; 11,6% para propósito general y agua potable, y 5,4% para saneamiento básico. De ese monto, resta 4%, los cuales se distribuyen en asignaciones para alimentación escolar, resguardos indígenas, fondos de pensiones y municipios ribereños.
Son varios ministerios, entidades y territorios quienes participan de la cadena del Sistema General de Participación, desde el informe de la población, aprobación de recursos, ejecución y seguimientos.
Los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y el Ministerio de Hacienda informan al Departamento Nacional de Planeación los montos que deberá distribuir a los territorios.
Luego, el Dane certifica ante el DNP los datos de la población, que a su vez se encarga de realizar la distribución del SGP y comunica a las entidades territoriales su participación.
Después, los recursos son girados y autorizados, mientras que Planeación se encarga nuevamente del monitoreo a la ejecución de los recursos de propósito general y asignaciones especiales.
El proceso para modificar el SGP se realiza a través de una reforma que pasa por un acto legislativo, trámite de ley que modifica la Constitución.
El otro camino es por medio de la Misión de descentralización, liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. En ambos casos interviene el Congreso.
El Sistema General de Participaciones está estructurado sobre una base sólida como lo es, la política social. Sin embargo, la realidad que se observa en las regiones pareciera distante de su objetivo primario.
Para expertos como Darío Restrepo, director de la Misión Descentralizada del Departamento Nacional de Planeación, no se ha logrado el cierre de brechas sociales entre territorios con una marcada diferencia estructural. Desde el DNP proponen la creación de un fondo para la convergencia económica territorial.
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